Los ministros de Economía de los 27 han alcanzado este martes un acuerdo político sobre el reglamento para crear una tasa al CO2 en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés). Una iniciativa cuyo objetivo principal es evitar la deslocalización de empresas europeas a países con reglas medioambientales menos exigentes. Sólo Polonia se ha opuesto al compromiso y ha reclamado repensar la estrategia climática de la UE a la luz de la guerra en Ucrania.

Europa es la primera región del mundo en aprobar un mecanismo de este tipo, que constituye una de las piezas centrales de la estrategia de Bruselas para acelerar la lucha contra el cambio climático. En una primera fase, la tasa al CO2 se aplicará a un número muy limitado de sectores altamente contaminantes (que suponen el 45% de las emisiones): cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes y electricidad. Rusia, China o Turquía serán los países más perjudicados, según el análisis de impacto.

"El acuerdo es una victoria para la política climática europea. Nos dará una herramienta para acelerar la descarbonización de nuestra industria, al tiempo que la protegerá de empresas de países con objetivos climáticos menos ambiciosos. También incentivará a otros países a ser más sostenibles y emitir menos. Finalmente, este mecanismo responde a nuestra ambiciosa estrategia de acelerar la independencia energética de Europa", ha dicho el presidente del Ecofin, Bruno Le Maire.

También la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha celebrado el acuerdo porque permitirá resolver los problemas de "fuga de carbono". España ha sido uno de los países impulsores de la tasa al CO2 para garantizar que las empresas europeas no se encuentren en una situación de desventaja respecto a sus rivales extracomunitarios.

La tasa al CO2, que todavía debe ser aprobada por la Eurocámara, se basará en el sistema europeo de comercio de emisiones. Los importadores que quieran vender en la UE tendrán que pagar el precio del carbono que emiten al fabricar sus productos según la cotización en Europa. Si pueden demostrar que ya han abonado parte o todo el precio en su país de origen, se les descontará de la factura.

El nuevo sistema se introducirá de forma progresiva. Durante la etapa de transición (2023-2025), los importadores, a modo de preparación, estarán obligados únicamente a informar del CO2 que emiten para fabricar sus productos. A partir de 2026, ya tendrán que empezar a pagar. En paralelo, se suprimirán paulatinamente los permisos de emisión gratuitos de los que gozan ahora los sectores afectados en la UE.

Frente a la propuesta inicial de Bruselas, el Ecofin ha optado por una mayor centralización, creando por ejemplo un registro unificado de importadores en Bruselas. Además, quedarán eximidos de la tasa al CO2 los envíos con un valor inferior a 150 euros. Esta medida tiene como objetivo reducir la complejidad administrativa: un tercio de los envíos a la UE entran en esta categoría y representan una parte insignificante de las emisiones.

En contraste con la aprobación de la tasa al CO2 en frontera, el Ecofin no ha logrado un acuerdo sobre la otra gran prioridad de la presidencia francesa: el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales, cuyo objetivo es frenar una carrera a la baja en materia tributaria. Este mínimo se pactó el año pasado en la OCDE y ahora debe trasladarse a la legislación europea.

Sin embargo, Suecia, Polonia y Malta han bloqueado el acuerdo. Su principal argumento es que el mínimo del 15% debe tramitarse de forma paralela a la tasa a los gigantes digitales que también se ha acordado en la OCDE, pero cuya ejecución va más retrasada. El presidente del Ecofin ha dicho que todavía espera encontrar una solución para el próximo encuentro programado a principios de abril.