La Unión Europea se dispone a crear la primera tasa al CO2 en frontera del mundo (CBAM, por sus siglas en inglés), que afectará a sus principales rivales internacionales y que amenaza con desatar nuevas guerras comerciales. Rusia, China o Turquía son los principales perjudicados por esta iniciativa, cuyo objetivo principal es evitar la deslocalización de empresas comunitarias a países con reglas medioambientales menos exigentes que las europeas.

El Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los más firmes defensores de esta iniciativa en Bruselas para garantizar la igualdad de condiciones para las compañías comunitarias.

La tasa al CO2 en frontera es uno de los elementos principales del arsenal de medidas (Fit for 55, en jerga bruselense) presentado la semana pasada por la Comisión de Ursula von der Leyen para acelerar la lucha contra el cambio climático y también el más controvertido. La nueva legislación pretende garantizar que la UE cumpla su objetivo de reducir un 55% sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y alcance la neutralidad climática en 2050. 

¿Por qué Bruselas ve imprescindible este impuesto al carbono? En la actualidad, las industrias europeas más contaminantes ya están sujetas al régimen de comercio de emisiones de la UE. En la práctica, eso significa que tienen que pagar por sus emisiones de CO2. Como parte de Fit for 55, el Ejecutivo comunitario ha propuesto endurecer los límites de emisiones, lo que hará subir todavía más el precio del CO2 y debería funcionar como aliciente para introducir tecnologías limpias.

"Pero mientras las instalaciones industriales de fuera de la UE no estén sujetas a medidas igual de ambiciosas, estos esfuerzos pueden perder su efecto. Por eso necesitamos la nueva CBAM: una herramienta de política ambiental que igualará el precio del carbono entre los productos europeos y los bienes importados para determinados sectores", sostiene el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

¿Cómo funcionará este instrumento en la práctica? La tasa al CO2 se basará precisamente en el sistema de comercio de emisiones. Los importadores que quieran vender en la UE tendrán que pagar el precio del carbono que emiten al fabricar sus productos según la cotización en Europa. Si pueden demostrar que ya han abonado parte o todo el precio en su país de origen, se les descontará de la factura. Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza están exentos porque ya participan en el régimen de comercio de emisiones de la UE.

En la fase inicial, Bruselas propone aplicar la tasa a un número muy limitado de sectores altamente contaminantes (que suponen el 45% de las emisiones): cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes y electricidad. El nuevo sistema se introducirá de forma muy progresiva. Durante la etapa de transición (2023-2025), los importadores, a modo de preparación, estarán obligados únicamente a informar del CO2 que emiten para fabricar sus productos. A partir de 2026, ya tendrán que empezar a pagar. En paralelo, se suprimirán paulatinamente los permisos de emisión gratuitos de los que gozan ahora estos sectores en la UE.

"Al abordar la fuga de carbono de esta manera, las empresas de otros lugares tendrán incentivos para hacer más ecológicos sus procesos de producción. La CBAM animará también a los gobiernos extranjeros a introducir políticas más verdes para la industria", sostiene Gentiloni. Bruselas pretende recaudar con esta tasa alrededor de 10.000 millones de euros al año, que se destinarán a devolver parte de la deuda de 750.000 millones del fondo Next Generation.

¿Qué países terceros serán los grandes perdedores de la tasa al CO2 en frontera de la UE? Según el análisis realizado por Bruselas, el principal perjudicado sería Rusia, seguido de Turquía, China, Reino Unido, Ucrania y Corea del Sur, mientras que el impacto en Estados Unidos sería mucho más reducido. Pero las cosas pueden cambiar a medida que este impuesto vaya ampliándose a otros productos.

De momento, tanto la Casa Blanca de Joe Biden como China y Rusia han protestado contra la CBAM, una medida que consideran que es proteccionista por parte de la UE y podría violar las reglas del comercio internacional. Para el 'zar del clima' de EEUU, John Kerry, la iniciativa de Bruselas plantea "riesgos".

"Hacer frente al cambio climático no debe convertirse en una excusa para la geopolítica, para atacar a otros países o para barreras comerciales", dijo el presidente chino, Xi Jinping, en su penúltima reunión con Angela Merkel y Emmanuel Macron. "Muchos expertos creen que la introducción (de la tasa al carbono en frontera) puede vulnerar varios principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", sostiene el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. 

"La CBAM es un instrumento de política medioambiental, no una herramienta arancelaria. Está en línea y cumple con las normas comerciales internacionales. Se aplicará a los productos, no a los países, en función de su contenido real de CO2, independientemente de su país de origen", se defiende el comisario de Asuntos Económicos. 

El Ejecutivo comunitario argumenta además que no está solo. Ya existen mecanismos de ajuste al CO2 en frontera en algunas regiones del mundo, como California, donde este tipo de tasa se aplica a algunas importaciones de electricidad. Algunos países como Canadá y Japón están preparando iniciativas similares. En EEUU, los demócratas acaban de proponer una medida parecida, aunque menos detallada. Incluso China acaba de poner en marcha su propio régimen de comercio de emisiones, aunque los precios del CO2 allí son mucho más bajos que en Europa.

Otra de las críticas recurrentes a la iniciativa de Bruselas, no solo de las potencias rivales sino de los expertos en comercio, es su extrema complejidad, que hará muy difícil llevarla a la práctica. De momento, la propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada tanto por los gobiernos de los Veintisiete como por la Eurocámara. Los debates internos en la UE se prevén también muy difíciles, aunque al no tratarse estrictamente de un impuesto no se requerirá unanimidad sino únicamente mayoría cualificada.