La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves a la nueva línea de avales por valor de 10.000 millones de euros movilizada en España por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo objetivo es garantizar la liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos más golpeados por la guerra de Ucrania.

Estos avales del ICO constituyen el pilar central del decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno el pasado 29 de marzo para amortiguar el impacto económico en España de la invasión rusa. El presidente, Pedro Sánchez, acaba de anunciar que el decreto, que en principio vencía el 30 de junio, se prorrogará hasta septiembre.

"Este plan por valor de 10.000 millones de euros permitirá a España mitigar el impacto económico de la guerra iniciada por Putin en Ucrania y seguir apoyando a las empresas de todos los sectores afectados por la actual crisis geopolítica", ha asegurado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

"Seguimos apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano. Al mismo tiempo, estamos trabajando estrechamente con los Estados miembros para asegurar que puedan poner en marcha medidas nacionales de apoyo de forma rápida, coordinada y eficaz, protegiendo al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único", destaca Vestager.

El plan español de avales está abierto a empresas y autónomos de todos los sectores afectados por la guerra, excepto bancos e instituciones financieras. Los beneficiarios recibirán una ayuda limitada de apoyo a la liquidez en forma de garantías públicas sobre los préstamos.

Tras examinar la notificación, Bruselas ha concluido que la línea de avales del ICO se ajusta a las condiciones previstas en el marco temporal de crisis por la guerra en Ucrania. En particular, la ayuda no excederá de 35.000 euros por empresa activa en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura, y de 400.000 euros por empresa activa en todos los demás sectores.

Además, las garantías se concederán a más tardar el 31 de diciembre de 2022. La duración de los avales no podrá superar los ocho años; y el precio fijado por el ICO respeta los niveles mínimos previstos en las reglas de la UE. Finalmente, la ayuda pública está sujeta a condiciones para limitar las distorsiones de competencia, con salvaguardias para que repercuta sobre todo en los beneficiarios finales y no en los bancos.

En estas condiciones, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que el plan español "es necesario, adecuado y proporcionado para poner remedio a una grave perturbación en la economía". Por todo ello, Bruselas ha aprobado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.