El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado una sanción impuesta por la Generalitat contra Airbnb, que el Gobierno de Ximo Puig vendió en 2019 como una victoria contra las plataformas que atentan contra un modelo turístico "donde el intrusismo y la competencia desleal no tienen espacio".

En una sentencia fechada a finales del pasado mes de marzo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declara "contraria a derecho" la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Valencia de abril de 2019, y la anula.

En abril de 2019, el juzgado valenciano desestimó un recurso que Airbnb había presentado contra con una infracción de 30.000 euros impuesta por Turismo de la Comunidad Valenciana, por no incluir el registro de las viviendas que ponía a disposición la plataforma en su web.

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El secretario de Turismo de la Generalitat, Francesc Colomer, declaró entonces a través de un comunicado que la sentencia del juzgado valenciano reafirmaba el propósito del Gobierno valenciano "en la lucha contra la competencia desleal y la oferta no regulada en el sector turístico".

Airbnb requirió tras la sentencia del Juzgado numero cuatro de Valencia que no se le obligara a pagar la sanción de 30.000 euros mientras interponía recurso de apelación.

Dicha solicitud no fue atendida. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo denegó la suspensión cautelar de la sanción impuesta en noviembre de 2019. Un mes después, Turismo de Valencia volvió a lanzar un comunicado al respecto informando que el Tribunal Supremo había tumbado un recurso de Airbnb contra la sentencia del juzgado valenciano.

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En dicho comunicado, Colomer afirmaba que el Supremo había reafirmado "nuestra estrategia de lucha contra las plataformas que comercializan viviendas sin el número de registro correspondiente para garantizar su legalidad".

"El hecho de que el Supremo nos de la razón ante estos gigantes globales es una noticia muy positiva que lanza un mensaje de no impunidad", manifestó Colomer, dando la impresión de que el Supremo había cerrado la puerta a cualquier recurso por parte de Airbnb.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia se refiere en su reciente sentencia, en la que tumba la sanción a Airbnb de la Generalitat, a la que dictó en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la UE, en la que advertía que Airbnb es "un servicio de la sociedad de información", y no debe regularse como si fuera una inmobiliaria. También alude a sentencias más recientes del Tribunal Supremo que igualmente recogen la doctrina del tribunal europeo al respecto.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia indica que resulta "decisivo" para la estimación del recurso de Airbnb la doctrina del Tribunal Supremo plasmada en su sentencia del 7 de enero de 2022. En ella, el Supremo anulaba una orden de la Generalitat de Catalunya de 2015, en la que obligaba a Airbnb a dejar de anunciar pisos en su web que no constaran con un número de inscripción en el Registro de Cataluña.