La incertidumbre que se abre tras el 23-J, el peor escenario para la economía española

Las dudas sobre la gobernabilidad en España retrasarán previsiblemente la toma de decisiones de inversiones en sectores clave como el automóvil o el inmobiliario, y también en el energético.

Además, la inflación, la mayor tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea, la gestión de los fondos europeos o el elevado endeudamiento público requieren de la toma de decisiones políticas ágiles y comprometidas, que difícilmente pueden aprobarse en una aparente situación de bloqueo político. 

Estos son algunos de los retos que encara la economía española en el actual escenario de incertidumbre política al que apunta el resultado electoral del domingo.

Los más de 124.000 millones de euros comprometidos en fondos europeos (tanto en ayudas como en préstamos) que recibirá la economía española son esenciales para mantener el crecimiento económico. Sin embargo, la queja generalizada es que esos fondos no están llegando con la agilidad requerida a la economía real.

Fondos UE

La Eurocámara ha criticado la gestión de los fondos europeos en España. Las dudas sobre qué Gobierno va a administrar decenas de miles de millones de euros en el país podría ralentizar la llegada de los mismos.

El Gobierno surgido en España de las elecciones celebradas este domingo, si se llega a formar, tendría tiempo material de confeccionar y aprobar los Presupuestos Generales del próximo ejercicio, algo que no hubiera sido posible si las elecciones se hubieran celebrado a finales de año, como estaba previsto.

Pero ahora, el tiempo empleado en la formación del nuevo Ejecutivo en unas negociaciones que se presumen complicadas, o la formación de un Gobierno inestable o con poco recorrido, dificulta la aprobación de unos nuevos Presupuestos este mismo año (el Debate de Investidura previsiblemente se celebraría a principios de septiembre).

El Gobierno surgido de las urnas de este domingo 23 de julio, sea cual sea, debería conjugar la exigencia europea de apretarse el cinturón con la aplicación de las políticas comprometidas en sus programas electorales.

Control fiscal

Ya sea la promesa electoral de reducir impuestos, la de la lucha contra el cambio climático, la del incremento del presupuesto en Defensa, o la de aumentar las prestaciones sociales: cualquiera de ellas estará sometida al control fiscal requerido ahora por la Comisión Europea, tras unos años en los que se ha incurrido en un intenso gasto público para combatir las consecuencias de la crisis de la Covid-19.

Sin embargo, la incertidumbre política que apunta el resultado electoral del domingo, complica la confección de unos nuevos presupuestos ajustados y el regreso al control del gasto público.

Aunque el aumento de los precios el pasado mes de junio se redujo a un 1,9%, frente al 10,2% de subida que se registró en el mismo mes del pasado año, la inflación sigue siendo el problema más acuciante de la economía española. La inflación subyacente, que excluye en su cálculo los precios más volátiles, como los de los alimentos frescos y el combustible, subió el pasado mes de junio un 5,9%.

Los economistas estiman que los precios altos se mantendrán al menos este año y buena parte del próximo, lo que supondrá previsiblemente que el Banco Central Europeo (BCE), para frenarla, aplique nuevas subidas de los tipos de interés.

Tipos de interés

La economía de las familias españolas es particularmente susceptible a esa política de subida de tipos. La denominada 'clase media' o 'clase media-trabajadora' española se verá especialmente afectada, con subidas de cientos de euros mensuales en las hipotecas firmadas a tipo variable, o con los precios de la cesta de la compra en cotas históricas.

Además, la reversión de medidas como la bonificación del combustible profesional o las ayudas contra el gasto energético impulsarán previsiblemente al alza la inflación en España.

España cerró el año 2022 con una deuda del conjunto de las Administraciones públicas en el 113,1% del PIB, una caída de 5,2 puntos respecto a la alcanzada en 2021 (en 2020, con la explosión de la pandemia, la deuda pública alcanzó el 120% del PIB). Pese a ello, se sitúa como uno de los países más endeudados de la Unión Europea, superado únicamente por Grecia, Italia y Portugal.

España afronta los vencimientos de esta deuda en un escenario de subida de tipos, lo que encarece la deuda a pagar. El Gobierno español deberá tratar de negociar una refinanciación de la deuda a corto plazo, bajo la esperanza de que, en unos dos años, se reduzcan los tipos de interés, abaratándose así el precio de la deuda a pagar. 

Mercado laboral

El desempleo se situó en España al término del mes de mayo en el 12,7%, la tasa más alta de la Unión Europea, cerca del doble de la media comunitaria.El paro juvenil es también el más alto registrada en los Veintisiete países de la UE, del 28,4%, superando ampliamente la de Grecia (segundo en este peculiar ranking), en el 24%.

Pedro Sánchez se estrenó como presidente del Gobierno, hace ya cinco años, prometiendo reactivar el mercado laboral a través, entre otras medidas, del impulso de la Formación Profesional. Pero no ha sido hasta un día antes de las elecciones, el sábado 22 de julio, que se ha publicado en el BOE una nueva Ley de Formación Profesional.

El elevado desempleo, el desarrollo de la Formación Profesional o la estabilidad del colectivo autónomo son cuestiones a las que afecta negativamente la incertidumbre política.

El problema del acceso a la vivienda sigue siendo uno de los constantes retos que afronta el Gobierno que estrena legislatura.

Vivienda

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se despidió aprobando una Ley de la Vivienda de la que empresarios y organizaciones, también el Banco de España, han advertido. Consideran que provocará efectos contrarios a los deseados; el primero de ellos, que ya se está percibiendo, una restricción al acceso al alquiler.

A la incertidumbre generada por la aplicación de la nueva Ley de Vivienda se suma ahora la duda de si, efectivamente, esta llegará a entrar en vigor o si lo hará por un corto periodo de tiempo, dependiendo del Gobierno que se quede en Moncloa.

Por otro lado, el complicado panorama político que dibuja el resultado electoral del domingo en España no debería afectar a las inversiones en Defensa, en pleno conflicto bélico por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, España se ha comprometido a duplicar el gasto militar con sus socios de la OTAN en los próximos años, hasta el 2% del PIB.

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España participa, junto con Alemania y Francia, en el programa FCAS, el nuevo sistema de defensa aéreo europeo, un proyecto que contempla una inversión cercana a los 100.000 millones de euros. El nuevo avión de combate generará miles de empleos directos e indirectos e impulsará el empleo de nuevas tecnologías, pero también va a requerir un profundo compromiso de inversión.

El Corredor del Mediterráneo, la extensión del aeropuerto del Prat, o la modernización de infraestructuras hidráulicas son proyectos que no deberían demorarse a pesar de las dudas que pueda generar el resultado electoral.