Como muestra, explican, la decisión de los dos socios de Gobierno de reformar el diálogo social para dar entrada a Conpymes, una patronal que tanto socialistas como Sumar consideran más afín que la CEOE. De este modo, se lograría diluir el peso que tiene la organización que lidera Antonio Garamendi y en la que están representadas las grandes corporaciones de nuestro país. 

Pero el temor no queda aquí. Existe un cierto convencimiento de que el Gobierno va a tratar de influir -y mucho- en la economía y en el ámbito empresarial. Bien a través de compras de paquetes accionariales a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas consideradas estratégicas, o bien modificando la regulación para tratar de que se muevan en la dirección que el equipo económico considere oportuna. 

Se busca núcleo duro

El primer ejemplo, explican, es Telefónica. Es una empresa considerada estratégica por el Ejecutivo, y la entrada del grupo saudí STC con el 9,9% de los títulos ha puesto en guardia a propios y extraños.

Ahora se busca de urgencia un grupo de empresarios españoles que contrarresten el poder saudí, pero también se está analizando por parte de la Sepi la compra de un 5%. Una operación que requeriría una inversión ligeramente superior a los 1.000 millones de euros.

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El sector financiero

La operadora es el caso más sonado. Pero hay muchos más. El BBVA es otra entidad que podría tener el nuevo Ejecutivo en el foco. En este caso por el acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). 

El BBVA lleva tiempo afectado por el 'caso Villarejo' y esta situación pone bastante nerviosos a algunos accionistas. Sobre todo a los procedentes del clan Neguri, que además llevan años suspirando por recuperar el control de la entidad que perdieron tras la fusión con Argentaria. 

Si las cosas se complican y la entidad financiera resulta imputada, los movimientos serían mucho más fuertes de lo que hasta ahora han sido. Esto haría que los Neguri -con el apoyo de PNV y PSOE- promovieran un presidente afín a sus intereses y así 'recuperar' la entidad financiera. 

Y sin salir del sector financiero, está también CaixaBank. Allí el temor no es que haya un intento de asalto a su cúpula pues Gortázar y Goirigolzarri están bien valorados. Aquí el asunto radica en la presión que puede ejercer el Estado en el consejo de administración para intentar forzar que la sede social de la entidad se traslade de Valencia a Barcelona otra vez. Algo que, como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, no está sobre la mesa en este momento. Sin embargo, ¿puede el Gobierno con un 17,3% influir hasta el punto de doblar la voluntad del resto de accionistas? 

Aunque, en realidad, la preocupación del universo CaixaBank es el futuro de la Fundación La Caixa. No está todavía resuelta la sucesión de Isidre Fainé como presidente, y es el gran objeto de deseo del independentismo. Mucho se ha hablado estos días de que la supervisión de la entidad estaría en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Junts. Sin embargo, no ha aparecido nada al respecto. 

De hecho, según publica este domingo La Vanguardia, Junts habría puesto encima de la mesa que se sancione a todas aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en una región distinta a aquella en la que tienen su actividad principal. De este modo, confiaban en promover un cambio de sede de buena parte de los grupos catalantes que huyeron tras el 1-O. sin embargo, parece que la propuesta no fue aceptada por el PSOE. 

Sumar es partidario de un sector público fuerte, una idea que a Sánchez no le disgusta. Sobre todo en lo que se refiere a los sectores estratégicos. Por tanto, hay también interés en saber cuáles son los planes del Gobierno en materia energética. Quizá no tanto por la vía de entrada en consejos de administración, como con el uso de la legislación para torcer voluntades. 

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El primer movimiento sería la segregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la creación de una Comisión de Energía Independiente. Una propuesta de Sumar, y sobre la que Mariano Bacigalupo, hasta hace dos años consejero de la sala de supervisión regulatoria de la CNMC (y marido de la vicepresidenta Teresa Ribera), está haciendo campaña en redes sociales desde hace semanas. 

Está por ver todavía qué sucede con Repsol y la guerra abierta por Josu Jon Imaz contra el Gobierno. En la última presentación de resultados el CEO de la petrolera alertaba de que no descartaba llevarse el negocio a otros países si seguían cargando contra su empresa en forma de impuestos o trabas administrativas. De hecho, ya ha paralizado un primer proyecto en nuestro país. Un movimiento que no ha sentado nada bien en Moncloa. 

Autoridad del cliente 

A todo esto hay que sumar también la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, que se quedó en el tintero en la anterior legislatura y con la que se busca atar en corto a las entidades financieras. Está pendiente también la trasposición de la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y que busca "mejorar las prácticas de gobernanza empresarial". Y la obligación de que haya hasta un 40% de mujeres directivas en los consejos de administración. 

También están los cambios en materia tributaria que pueda desarrollar el nuevo Gobierno. Se da por hecho ya que el impuesto a los ricos se va a mantener, al igual que los de solidaridad de banca y energéticas y el tipo mínimo del 15% en Sociedades para grandes empresas y multinacionales. 

También el sector de la distribución está con la mosca detrás de la oreja. Por ahora han conseguido librarse de impuestos u otras exigencias del Gobierno. Sin embargo, todo apunta a que el 2023 va a ser un nuevo año de récord de beneficios para este sector. Así que es muy probable que el Gobierno redoble una vez más la presión sobre ellos al "enriquecerse" a costa de los ciudadanos castigados por la inflación.