Banco Santander ha recurrido ante la Audiencia Nacional que se le mantenga como investigado en calidad de heredero por la gestión del Popular, al entender que esta decisión se basa en conclusiones "irracionales" máxime cuando la fusión es "incuestionablemente favorable" para los perjudicados.

En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Efe, la entidad pide a la sala de lo Penal que revoque el auto del titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, al entender que el banco, "por imperativo constitucional" sólo podría ser responsable civil subsidiario, nunca penal.

La defensa del Santander remite a los escritos de oposición de las acusaciones, las cuales insisten en que la entidad "debe responder penalmente porque la fusión la hizo voluntariamente y porque no fue diligente al tomar esa decisión". Un reproche "ciertamente insólito", prosigue el banco, que cree que en este "mundo al revés" lo que se esperaba del grupo que preside Ana Botín es que "dejara al Popular abandonado a su suerte".

Insiste en que la operación de compra, ejecutada el 7 de junio de 2017, fruto de la resolución acordada por Europa, fue "absolutamente lícita y con una finalidad legítima de racionalización y eficiencia empresarial".

De modo de que si se le impone cualquier tipo de castigo por esta vía, el Mecanismo Único de Resolución, "esencial para la salvaguarda del sistema financiero europeo, se viene abajo" y "ninguna otra entidad financiera aceptará en el futuro adquirir un banco resuelto", siendo "entonces sí que necesario inyectar dinero público".

Es decir, de producirse ese supuesto, los poderes públicos volverían a tener que enfrentarse con el "dilema del 'too big to fail' (demasiado grande para quebrar) y los rescates bancarios, que es lo que trata de evitar el nuevo marco normativo".

Como hiciera en su recurso de reforma, el Santander apela al precedente sentado por Banco de Valencia, en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor Santiago Pedraz estimaron que la transmisión de una posible responsabilidad penal a la heredera CaixaBank "implicaría un sistema incompatible con las garantías penales básicas que establece la Constitución".

Además, subraya que el grupo ha implantado una serie de medidas que confirman "la nueva realidad" del Popular, un cambio de política que incluyó el cambio de personal.

Por tanto, sentencia el escrito, la intervención del Santander en los hechos es "absolutamente ninguna", ya que ni intervino en la ampliación de capital del Popular aprobada en mayo de 2016, ni en la supuesta manipulación del valor de cotización de sus acciones.

No obstante, asegura que "continuará desde luego colaborando de forma incondicionada con la presente investigación".