Santander reconoce la complejidad de integrar Popular y la necesidad de aplicar ajustes

Banco Santander reconoce que se está encontrando con "dificultades y obstáculos" en el proceso de integración de Banco Popular en curso desde que la fusión se hizo efectiva legalmente el pasado 28 de septiembre, admitiendo su "complejidad" y remarcando que los costes, los beneficios y las sinergias podrían no estar en línea con las estimaciones previas.

Así, el banco presidido por Ana Botín apunta a la existencia de "conflictos" entre los sistemas operativos y administrativos, los sistemas de control y gestión de riesgos de ambos bancos, o incluso en la armonización de diversos procedimientos y sistemas financieros, contables y de información, según consta en su último folleto de actividad continuada remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultado por Europa Press.

En este sentido, el Santander constata que el proceso de integración está causando alteraciones o redundancias sobre todo en los negocios español y portugués del grupo, así como costes o pérdidas de ingresos o gastos adicionales o extraordinarios.

La entidad ya ha integrado en su plataforma un total de 600 oficinas procedentes del Popular, lo que representa el 40% del total de la red del banco adquirido. Hace dos semanas se sumaron las sucursales de Cataluña y Canarias a las de Galicia, Asturias y País Vasco.

El fin de semana del 17 al 19 de mayo se llevará a cabo la próxima oleada, que le tocará a la red ubicada en Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. En total suman unas 350 sucursales, por lo que la integración se habrá completado entonces en unas 950 oficinas, de las 1.500 con las que cuenta en España.

Según indica en el documento, esta situación hace necesario acometer ajustes en el negocio y en los medios de las entidades. Esto, unido al mayor ritmo de transformación hacia modelos de banca móvil y por Internet, podría precisar de cambios en su estrategia de banca comercial.

Estos cambios incluyen el "cierre o venta de algunas sucursales y la reestructuración de otras y de sus empleados". Está previsto que en las próximas semanas comiencen los primeros contactos entre sindicatos y banco en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se estima podría afectar en torno a 3.000 empleados, aunque todavía no hay cifras oficiales.

No obstante, en el mismo folleto, el Santander recuerda que durante los últimos años ha llevado a cabo varias reestructuraciones que han afectado a los puestos de trabajo y que, en todo caso, ha "facilitado" la participación sindical, ha superado los mínimos establecidos en la legislación para las indemnizaciones, ha presentado planes para ayudar a la recolocación o ha llevado a cabo acciones para dar el "máximo" apoyo a la empleabilidad de los afectados.

AÚN NO DESCARTA ENCONTRARSE CON 'SORPRESAS'

Por otro lado, a pesar de que han transcurrido ya casi dos años desde la adquisición del Popular por el simbólico precio de un euro, el Santander subraya que no puede descartarse todavía la posibilidad de encontrarse con activos "deteriorados, riesgos desconocidos y pasivos ocultos o datos o situaciones que actualmente son desconocidos y que podrían resultar en contingencias materiales o que excedan de las previsiones".

Esta advertencia ya la incluyó en el informe del año pasado, donde reveló que no verificó de forma independiente la exactitud y veracidad de la información pública disponible del Popular sobre la que realizó una evaluación del riesgo antes de comprarlo debido a la urgencia del proceso. "Es posible que Santander haya sobrevalorado estas sinergias o que no lleguen a materializarse", indicó entonces el Santander.

Además, se han presentado numerosos recursos por la declaración en resolución del Popular, la amortización y conversión de sus instrumentos de capital y la posterior transmisión de las acciones resultantes para la venta de su negocio, todo ello bajo la normativa del marco único de resolución que no tiene precedentes ni en España ni en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea.

Desde que la operación se hizo efectiva, diversos inversores, asesores y operadores financieros han presentado reclamaciones de variada índole en relación con la adquisición, incluso abierto un arbitraje internacional contra España, de forma que el Santander cree que se podrían interponer nuevos recursos en el futuro.

"En este momento no es posible prever el total de las demandas y reclamaciones adicionales que podrían presentarse por los antiguos accionistas, ni sus implicaciones económicas", asevera el Santander en el documento. El coste estimado y registrado en las cuentas de 2017 ascendía a 680 millones de euros, de los que 525 millones de euros se aplicaron a la acción comercial de fidelización.