Santander acusa a Orcel de grabar conversaciones privadas con Ana Botín

El Banco Santander ha desvelado este viernes que el banquero Andrea Orcel se dedicó a pedir más dinero a la entidad tras anunciar su nombramiento como consejero delegado y luego, cuando el banco decidió abortar su fichaje, grabó sin consentimiento conversaciones privadas con la presidenta Ana Botín.

En respuesta a la demanda presentada en un juzgado de Madrid por Orcel, que reclama más de 110 millones por no haber sido elegido consejero delegado del Santander, la entidad critica la actuación del banquero, según un resumen de las alegaciones remitidas al juez.

Santander ha defendido que el contrato de Andrea Orcel para ocupar el cargo de consejero delegado "nunca se materializó" y que éste encareció en unos 17 millones de euros su fichaje por la entidad en el transcurso de las negociaciones.

"La carta oferta no es el contrato que exige la Ley y dicho contrato nunca se materializó", ha asegurado el banco, que ha señalado que Orcel fue nombrado consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 acelerando el proceso a petición de UBS y el propio Orcel.

No obstante, según el banco, ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato entre el banco y Orcel quedó perfeccionado, pues estaba pendiente de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales (la retribución final a percibir por Orcel como 'buyout'), y estaba sujeto, además, al cumplimiento de una exigencia legal "indeclinable" como es su aprobación por la junta general de accionistas.

Asimismo, la contratación quedaba sujeta a la futura aprobación del contrato por el consejo de administración, la evaluación de idoneidad por el BCE y el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad que continuó durante todo el proceso siendo empleadora de Orcel.

"Ninguna de estas condiciones se dio", ha asegurado la entidad presidida por Ana Botín, que ha asegurado que el nombramiento de Orcel se realizó "de buena fe" y después de llevar a cabo un "sólido" proceso de gobierno corporativo que involucró al consejo de administración en su conjunto y, específicamente, a las comisiones de nombramientos y retribuciones, órganos que se reunieron en trece ocasiones durante el proceso para el nombramiento y para la posterior decisión de no seguir adelante.

Desde el 25 de septiembre de 2018, según ha explicado la entidad, Orcel y Banco Santander mantuvieron "intensas" negociaciones para concretar la cuantía del 'buyout' que habría de incorporarse al futuro contrato del italiano, que estaba previsto abonarse en acciones de Santander, sujeto a las métricas de desempeño establecidas por el grupo y desembolsado a lo largo de siete años.

"Desde el primer momento, Orcel trasmitió a Banco Santander unas expectativas sobre la posición que mantendría UBS sobre el pago de sus incentivos que nunca se cumplieron", afirma el banco.

Asimismo, la entidad señala que en reiteradas ocasiones Orcel aseguró que lograría reducir el 'buyout' negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía.

"Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida. No consta que Orcel llegara a enviar nunca esa carta, cuyo borrador sí le fue proporcionado por el banco", asegura la entidad.

Según el Santander, lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte "significativa" de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación Orcel rechazó destinar a reducir el importe del 'buyout' los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento.

Asimismo, durante el curso de las negociaciones Orcel incorporó la necesidad de compensar una "nueva y supuesta pérdida retributiva" por su salida de UBS derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los 3 millones de euros.

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