El Banco Central Europeo (BCE) expresó en varias ocasiones durante la primavera de 2017 su "preocupación" por la liquidez del Banco Popular, presidido por Emilio Saracho, que días antes de la resolución de la entidad defendió que los niveles eran "suficientes" y pidió "confianza" en la labor de su equipo.

Las advertencias, que se conocen con carácter previo a la declaración como investigado del anterior presidente del Popular, Ángel Ron, fueron analizadas en el Consejo del 18 de mayo, sesión en la que Saracho aseveró que no había llegado "ni se prevé que llegue" el momento de solicitar una ventanilla de emergencia al Banco de España pues tenían "liquidez suficiente".

Unas palabras que contrastaban con la realidad expuesta escasos minutos antes por el que fuera secretario del órgano, Joaquín Hervada, quien informó a los consejeros de que la entidad estaba "por debajo de los límites regulatorios" y que había que "tomar medidas" para generar unos 2.695 millones de euros de liquidez en mayo, según figura en el acta al que ha tenido acceso Efe.

Entre ellas, continuaba, se incluían las ventas de carteras de préstamos dudosos y de acciones, así como otras adicionales de financiación con garantías de inmuebles, titulizaciones de crédito y venta de sindicados que podrían reportar, al menos, 2.000 millones más.

CÓMO OCULTAR INFORMACIÓN

De surtir efecto, este paquete permitiría volver a las "ratios superiores al 85 %" y, por ende, reavivar las "conversaciones que se vienen manteniendo con entidades interesadas en una potencial operación corporativa con el banco".

Sin embargo, para que esto ocurriera debía retrasarse su anuncio al mercado, ya que la "publicación inmediata" no sólo comprometería el éxito de las medidas sino que además "podría perjudicar gravemente la situación financiera de la entidad".

La buena disposición mostrada por los gestores, que durante la sesión incidieron en que el BCE estaba informado "diaria y continuamente" al respecto, no impidió, en cambio, que el representante de la sindicatura de accionistas del Popular José Francisco Mateu, hiciera hincapié en la "relevancia de que se esté incumpliendo una ratio reguladora".

Ni las palabras de Saracho ni las continuas muestras de confianza del Gobierno en una entidad "solvente", disipaban las dudas sobre el Popular, que al tiempo que descartaba una "fuga de depósitos" reconocía en ese consejo que "la velocidad en las salidas" se había acelerado hasta perder 2.085 millones en cuatro días.

Para ese momento, el consejo estudiaba la carta de la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, contraria a concederles el mismo tratamiento que a la italiana Monte dei Paschi, que recibió 5.400 millones de dinero público.

"La posibilidad de una recapitalización preventiva ha sido descartada por la señora Nouy puesto que el banco no ha fallado un test de estrés", aclaró Saracho al alarmado Mateu, para el que la misiva contenía "una amenaza muy clara" que abocaba al Popular a la resolución.

Diez días más tarde, una nueva carta, esta vez de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, intensificaba las sospechas entre unos consejeros que coincidieron en que "no parece que existan mecanismos de liquidez a disposición del banco que permitan garantizar una operativa normal y estable en el tiempo".

En este sentido, prosigue el acta del Consejo de Administración de 29 de mayo, los problemas de liquidez eran "los más acuciantes" para una entidad que, a pesar de "todos los esfuerzos y medidas", no disponía de las "competencias o capacidades" para hacerlos frente.

FRUSTRACIÓN

El relato despertó la "frustración" de Saracho, que antes de dar por concluida la reunión reclama apoyo, pues está "haciendo todo lo que se puede hacer"; finalmente, el 7 de junio de 2017, la JUR ordenó la resolución del banco por estar "próximo a la quiebra".

Su frase al Consejo ha sido una de las consignas del banquero en su declaración del pasado 2 de octubre en la Audiencia Nacional, donde compareció en calidad de investigado por sus 108 días de presidencia, en los cuales se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener beneficios, según las acusaciones.

Durante dos días, Saracho defendió ante el juez José Luis Calama su gestión y explicó que no pudo hacer otra cosa ya que las cuentas estaban como estaban.

Asimismo, arremetió contra la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió en 2016 su predecesor, Ángel Ron, puesto que se quedó corta, fue un fracaso y se dieron instrucciones verbales para colocarla entre los clientes, lo que en la práctica implicaba financiarla con dinero del propio Popular.

Críticas que calificó de falsas en sede judicial el exvicepresidente del banco Roberto Higuera, al igual que el que fuera consejero delegado en esa etapa, Francisco Gómez -a quien Saracho atribuyó tales directrices-, que tildó de "calumnia" aquellas afirmaciones.