El continuo cierre de oficinas bancarias arroja un mapa cada vez más vacío de sucursales. Según los últimos datos del Banco de España (BdE), correspondientes al tercer trimestre de 2019, en España existen 25.012 oficinas, el dato más bajo desde 1980 y un 46% menos que en 2008, cuando la red superó los 46.000 establecimientos. 

Pero esta es únicamente la imagen general. Una simple panorámica. El detalle agranda los temores que subyacen en uno de los conceptos que más se ha extendido en los últimos tiempos, hasta el punto de plasmarse en una formación política que le ha dado voz y voto, como es Teruel Existe, y de colarse por derecho en la sesión de investidura que ha dado lugar a la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ese concepto no es otro que el de 'España vaciada', y en lo que respecta al número de oficinas que se extiende por España, cada vez resulta más descriptivo de la realidad. 

Tomando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 8.131 municipios. Cruzando este dato con el de las oficinas existentes, se obtiene una media de 3,1 sucursales por pueblo. Pero de nuevo es una cifra que no permite apreciar toda la realidad. Ajustando el punto de mira lo que se observa es que en 10 provincias ya hay menos de una oficina por municipio y que otras nueve cuentan con menos de dos. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón acaparan los datos más bajos, seguidas de cerca por La Rioja y Navarra. 

En concreto, siete de esas diez provincias corresponden a Castilla y León. Ávila, con 123 sucursales, y Soria, con 99, presentan una proporción de 0,5 oficinas por municipio. Soria nunca ha tenido tan pocas oficinas como ahora, según la serie histórica que recoge el BdE, que arranca en 1974, y en el caso de Ávila hay que remontarse precisamente hasta 1974 para ver un dato más bajo que el actual. 

Salamanca (233 sucursales), Zamora (140), Segovia (121) y Palencia (124) cuentan con un 0,6 sucursales por municipio. Y Burgos, con 322 oficinas y 371 municipios, cuenta con 0,9 sucursales por cada uno de los pueblos.  

En Castilla-La Mancha, Guadalajara arroja una media de 0,6 establecimientos por municipio y Cuenca, otra de 0,8 oficinas. Y en Aragón, Teruel figura con 181 sucursales en sus 236 pueblos, que dan una proporción de 0,8 oficinas. 

La banca está potenciando su aplicaciones móviles y lanzando un nuevo concepto de oficina con más servicios, pero estas alternativas no subsanan el creciente riesgo de exclusión financiera existente cada vez en más provincias.

Ya con más de una sucursal por pueblo, aunque sin llegar a dos, aparece Huesca, otra de las provincias que nunca había tenido menos oficinas que las 222 actuales, que deparan una media de 1,1 por municipio. A continuación, Cáceres, con 1,2 oficinas; Lleida, con 1,3; y Valladolid, con 1,4. Y también por debajo de las dos oficinas por municipio, Navarra, La Rioja, Girona y León, con 1,7, y Tarragona, con 1,9. 

LAS GRANDES EXCEPCIONES DE MADRID... Y MURCIA

En el extremo opuesto, y aunque en su caso la poda de oficinas desde 2008 alcanza el 50%, Madrid. Con 3.099 oficinas repartidas en sus 179 municipios, de las que 1.709 se encuentran en Madrid capital, luce una proporción de 17,3 oficinas por municipio. No muy lejos, y siempre según los datos del BdE y del INE, Murcia, con 16,9 oficinas por municipio. 

Las otras dos excepciones principales, que superan con mucho la media nacional de 3,1 oficinas, corresponden a dos islas: Las Palmas, con 12,4 sucursales, y Baleares, con 10,7. 

...Y LO QUE QUEDA

Estos datos corresponden a la 'fotografía' actual, pero sobre todo evidencian un proceso que todavía está en marcha. Prolongando la tónica de los tres años anteriores, solo en 2019 el sector bancario prescindió de más de 1.000 oficinas. 

Tras esta tendencia, un motivo principal: la búsqueda de eficiencia. En un contexto en el que su negocio tradicional ya no rinde lo suficiente por los bajos tipos de interés, la mayor presión regulatoria, la desintermediación bancaria y la irrupción de nuevos competidores tecnológicos, la banca es consciente de que solo puede aumentar su rentabilidad si ajusta sus costes e impulsa su eficiencia. Y eso garantiza que el cierre de sucursales seguirá su curso, un proceso que, de hecho, se acelerará en caso de que se reanude el baile de las fusiones bancarias. 

Como alternativa, las entidades están potenciando su banca digital y móvil, a través de aplicaciones, y están creando un nuevo concepto de oficina, con más espacio y más servicios para intentar generar una mejor experiencia a los clientes. Pero ambas soluciones no alcanzan al total de la población ni al conjunto de la geografía, con lo que no subsanan el creciente riesgo de exclusión financiera que el cierre de oficinas causa en una cantidad cada vez mayor de provincias. 

Esta realidad no es nueva. En la Revista de Estabilidad Financiera de mayo de 2018, el BdE ya recogía un artículo en el cuantificaba los efectos de la reducción de oficinas. "A finales de 2017, 4.109 municipios carecían de oficina, afectando al 2,7% de la población española, localizada principalmente  en la región de Castilla y León", precisaba. Y añadía: "Internet facilita las operaciones bancarias evitando la exclusión financiera, pero el cierre de oficinas dificulta el acceso al efectivo al segmento de población que lo usa como medio de pago principal y único. Las entidades complementan la distribución de efectivo con cajeros automáticos desplazados y otras facilidades como oficinas móviles en zonas rurales. Como resultado de todo ello, se estima que la proporción de población española que no dispone de puntos cercanos de acceso al efectivo es aproximadamente el 1,96% del total nacional". Es decir, más de 900.000 personas. Y eso, a finales de 2017. Desde entonces, la banca ha cerrado más de 2.500 oficinas.