La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, mantiene su pulso para que el sector público contribuya a un plan de acceso a la vivienda para los más jóvenes, "los más castigados por la anterior crisis", dentro de las medidas a adoptar una vez pase lo peor de la pandemia.
Durante la Cumbre Empresarial organizada desde este lunes por la CEOE, Botín abogó por este plan que presentó a mediados de mayo en una entrevista en El País, basado en que los menores de 35 años puedan acceder a hipotecas que financien hasta el 95% del valor de tasación, en las que el cliente paga de entrada solo un 5% y el ICO financia el 20% del préstamo.
Este tipo de financiación ha sido prácticamente enterrada por las entidades desde que la anterior crisis financiera obligase al Banco de España a dictar una 'norma no escrita' para que el sector no otorgase más del 80% del valor del inmueble ante los posibles riesgos de impago. De hecho, según datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del año, solo el 9,4% de los nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda se financia por encima de ese 'límite'.
Financiación hasta el 80%
La cifra es algo superior al 8,9% del último trimestre de 2019, pero sigue en mínimos respecto a años anteriores. En 2017, el 14% de los nuevos créditos se financiaban por encima del 80% del valor del inmueble, en 2018 la cifra subió al 14,8% y en 2019 se situó en el 12,1%. La cifra rondaba el 18% antes de la crisis del ladrillo.
La mayoría de bancos que ofrecen financiación por encima del 80% lo hace para las viviendas que ellos mismos tienen en cartera o para clientes con un perfil extremadamente 'pulcro'. Pero poco más.
Los expertos consultados recuerdan que desde la anterior crisis financieras "las entidades se han vuelto bastante escrupulosas en este sentido". Además, desde el comparador financiero Helpmycash.com recuerdan que los bancos suelen hacer titulizaciones de hipotecas o emiten títulos de hipotecas a fondos de inversión para conseguir liquidez para sus operaciones.
Pero la venta de estos paquetes no se puede llevar a cabo si dichas hipotecas financian más del 80% del valor de tasación, pues ese es el límite que se marca para garantizar la solvencia de esos productos.
Aval público... o nada
Los expertos coinciden en que, precisamente por eso y por el riesgo que asume la banca al prestar a jóvenes con un mercado laboral más que precario, el 'plan Botín' necesita de los avales públicos para salir adelante: al avalar el 20%, el riesgo total que en teoría asume la entidad sería del 70% (restando el 5% restante que paga el comprador en la entrada). Sería una fórmula adecuada, además, para impulsar la reactivación de un segmento del negocio bancario que, aunque ha comenzado a reactivarse, ha sufrido mucho los efectos del confinamiento. Solo en abril, la firma de nuevos préstamos hipotecarios se hundió más de un 50%.
Ana Botín, y la banca en general, es consciente de que la fórmula para mejorar el acceso a la vivienda de los más jóvenes es facilitar la entrada. Según explica la directiva, este colectivo aporta un 25% o más del precio del inmueble actualmente, por lo que las garantías públicas pueden ayudar a salvar este escollo y, de paso, ayudar a hacer este producto más atractivo frente a, por ejemplo, el alquiler.
Otra cosa es el pago a lo largo de la vida del préstamo. Según un reciente informe de la Fundación 'la Caixa', para acceder a una vivienda en propiedad, algunos jóvenes deberían dedicar más del 60% de sus ingresos mensuales a pagar el préstamo hipotecario. Un porcentaje que casi duplica los estándares que emplean los propios bancos, y que recomiendan no destinar más del 35% de los ingresos mensuales.
Fuentes del Ministerio de Economía insisten en que "sobre la mesa hay muchas medidas pero nada concreto" y aseguran que no se ha comenzado a discutir la medida que, en todo caso, se haría de una forma sectorial y no solo con Santander. De hecho, otras fuentes consultadas aseguran que la iniciativa provocó en un principio cierto malestar en algunas entidades financieras, al no presentarse como algo conjunto aunque la idea haya sido, con todas las de la ley, de la propia Botín.
Objetivo: convencer al ICO
Desde el sector indican que ya han limado asperezas en este sentido y ahora falta convencer al ICO para que coloque el programa encima de la montaña de medidas actualmente sobre la mesa. Desde la institución siguen mandando el mensaje de que el programa no sería una prioridad de momento, aunque reconocen que "en la colaboración público-privada para salir de la crisis, el ICO jugará siempre un papel fundamental".
Los cálculos del Santander sobre la iniciativa han ido evolucionando para demostrar al sector público la necesidad de esta colaboración. A mediados de mayo, Botín calculó que con este plan se podrían construir 150.000 viviendas. Este lunes, la presidenta del Santander cifraba ya en 1,7 millones los puestos de trabajo que se alcanzarían completando el plan con un programa de rehabilitación del stock de viviendas "para adaptarlas al cambio climático y reducir las emisiones contaminantes en más de un 80%". Y esta cifra resulta clave en un momento en el que la creación de empleo y la economía sostenible son pilares fundamentales para esta fase de salida de la crisis.