El coste judicial ha sido uno de los grandes lastres para la banca española en los últimos años. Tanto, que el propio Banco de España lo ha situado en varias ocasiones al mismo nivel de riesgo que la pérdida de rentabilidad o la ralentización económica. Por eso, las sentencias pendientes y las provisiones para hacerlas frente son una pieza clave en el cálculo del valor de una operación corporativa... y la fusión entre CaixaBank y Bankia no va a ser menos.

En estos días en los que los despachos de ambas entidades echan humo, la sombra de la inminente sentencia por la salida a bolsa de Bankia sobrevuela las negociaciones. Así como otras herencias judiciales con las que ambas partes llegan al proceso.

Para hacerlas frente, Bankia cuenta con 173,8 millones de euros en provisiones por litigios, mientras que la cifra asciende a 635 millones de euros en el caso de CaixaBank, según sus últimos informes financieros semestrales. En total, llegarían al acuerdo de fusión con 800 millones de euros destinados a esta partida.

Contingencias legales

Fuentes consultadas matizan que “en una operación de este tipo, las contingencias judiciales entran dentro del cálculo del valor de la misma”. Es decir, las provisiones que Bankia tenga destinadas a sus riesgos legales se descontarían del valor de la operación. “También puede darse el caso de que el análisis de la operación determine que las provisiones por litigios tendrán que ser mayores de lo estimado y, en ese caso, la cifra final también pesaría en el cálculo del canje", explican.  

Eso para el cálculo de la operación. Otra cosa serán las sentencias que salgan una vez se complete la fusión, si finalmente es así. Según indica Almudena Vázquez, codirectora legal de la plataforma reclamador.es, todas las reclamaciones seguirán teniendo validez y la entidad resultante tendrá que comunicar lo que se denomina “sucesión procesal”. Es decir, el nuevo banco pasa a convertirse en nuevo demandado, sin necesidad de que el cliente interponga una nueva reclamación. 

Herencia legal

En un informe publicado este lunes, Moody’s ya advertía de que si la fusión llega finalmente a buen puerto, como así parece indicar la velocidad de crucero que han tomado las negociaciones, “se tendrá que medir en qué medida se verá afectado el perfil del Grupo resultante por las contingencias legales en las que se encuentra inmersa Bankia”.

Desde la agencia de calificación crediticia señalan en concreto a los juicios relacionados con la venta y canje de instrumentos híbridos y a la salida a bolsa de 2011. Bankia ya ha devuelto prácticamente todo lo perdido a los minoristas afectados por la operación y, aunque aún quedan 'guerreros judiciales', la entidad considera que las provisiones reservadas para estos casos son más que suficientes.

Sin embargo, si la sentencia esperada para este mes determina que hubo estafa por falsedad de cuentas, las dotaciones por las posibles reclamaciones y por el riesgo reputacional tendrán que ser superiores a las actuales.

Según su informe financiero semestral, Bankia mantiene abiertos a cierre de junio 5.263 procedimientos judiciales por las cláusulas suelo, 14.717 por gastos de formalización de hipotecas, 299 por el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), y otros 111 por las tarjetas ‘revolving’.

CaixaBank también llega a la posible fusión con el coste judicial derivado de su negocio bancario. Además del riesgo legal del IRPH, la entidad destaca en su informe semestral su exposición a las tarjetas ‘revolving’, indicando que la decisión del Supremo de abrir la puerta a la suspensión de contratos abusivos “puede que propicie una significativa litigiosidad y un conjunto de criterios judiciales dispares cuya concreta afectación no es determinable en la actualidad y que será objeto de seguimiento y gestión específica”.

Desde Asufin insisten en que “ambas entidades reúnen una alta litigiosidad por comercialización de hipotecas y otros productos financieros con cláusulas abusivas que han sido declaradas nulas en los tribunales". Unos pleitos que, sin duda, tendrán peso en el proceso que este fin de semana, a más tardar el lunes, tendrá su cita clave con los consejos de administración de ambas entidades para aprobar la operación.