Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia se reunirán esta semana para decidir si aprueban o no la fusión de ambas entidades, una vez tengan sobre la mesa todos los datos extraídos de la 'due diligence' (auditoría legal).

La prolongación de los trabajos en esta fase de intercambio de información, en la que se analizan a fondo los números de cada entidad, es precisamente lo que ha impedido que los consejos se reunieran este domingo, como se barajó inicialmente, por lo que ambas entidades han convenido en posponer unos días la convocatoria.

En dicha cita previsiblemente se decidirán cuestiones clave como la ecuación de canje, la sede, la composición del consejo de la nueva entidad o sus objetivos, entre otros aspectos.

El inicio de las negociaciones arrancó de forma discreta antes del verano, tras ser autorizado por ambos consejos, que para su asesoramiento contrataron a bancos de inversión (Morgan Stanley en el caso de CaixaBank y Rotschild en el de Bankia), consultoras (Deloitte y EY, respectivamente) y asesores legales (Uría Menéndez y Garrigues, respectivamente).

Si los resultados que arroja la due diligence son positivos, los consejos decidirán dar el pistoletazo de salida a una operación que dará origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciaría significativas sinergias y ajustes.

Aprobación a finales de octubre

A continuación, en una nueva reunión de los consejos de administración se convocarán las juntas extraordinarias de accionistas. Dicha convocatoria debe hacerse con, al menos, un mes de antelación, por lo que en el mejor de los casos los accionistas darían su visto bueno a la operación a finales de octubre.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank y, una vez disponga de las conclusiones de dicho informe, será Economía quien tenga la última palabra sobre la operación, que también será analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Ley de Defensa de la Competencia plantea el procedimiento de control de concentraciones en dos fases. En la primera, que durará un máximo de un mes, se analizará la operación, y el consejo del organismo presidido por Cani Fernández decidirá si la operación debe ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, exige un análisis más detallado.

La mayoría de operaciones se aprueban en esta fase. En 2016, se resolvieron 102 operaciones de concentración, de las que 96 fueron autorizadas en primera fase sin compromisos y 5 con compromisos.

CaixaBank y Bankia quieren acelerar los trámites al máximo para tener ultimada su fusión antes de finales de año o bien en el primer trimestre de 2021, informaron a Europa Press en fuentes del sector.