Santander y Orcel no se ponen de acuerdo sobre su fichaje e irán a juicio el 10 de marzo

Habrá batalla judicial y será dura. El juicio por el fichaje frutrado del banquero Andrea Orcel, como consejero delegado de Banco Santander se celebrará en una sola sesión el próximo 10 de marzo de 2021, después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo en la vista previa celebrada este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. 

La jornada ha transcurrido con bastante tensión entre las partes, quedando claro que Orcel irá a por todas para reclamar al Santander una indemnización de 112 millones de euros. Según ha podido saber Invertia, Banco Santander no ha solicitado la presencia para declarar de Orcel en el juicio de marzo "al considerar que no hay discrepancia en los hechos, nuestra tesis está suficientemente probada".

Según indican las fuentes consultadas, durante la celebración de la vista previa este lunes, los abogados de Orcel no han mantenido que hubiese acuerdo entre las partes, solo que el exbanquero tenía a derecho a embolsarse la indemnización pertinente.

Sea como fuere, la decisión de no solicitar la declaración de Orcel evitará la difícil imagen de un 'cara a cara' entre el exbanquero de UBS y la presidenta del Santander, Ana Botín, que sí declarará como testigo a petición del demandante. "Entraba dentro de lo previsto y contribuirá a esclarecer al juez la postura del banco", indican fuentes jurídicas cercanas a la entidad cántabra.

En este sentido, también se ha solicitado la declaración de Jaime Pérez Renovables, secretario general del consejo de Banco Santander, así como de Roberto di Bernardini, director de recursos humanos global de la entidad y que tuvo intermediación directa con Orcel durante las negociaciones para su fichaje. 

Declaraciones

También han sido citados a declarar el 10 de marzo dos testigos de UBS; el propio presidente de la entidad suiza, Axel Weber, y el director de recursos humanos, Mark Shelton. Los representantes de Orcel también han solicitado la declaración de la esposa del banquero, que el juez ha rechazado.

Fuentes judiciales indican que durante la vista se ha presentado una avalancha de documentos que, de momento, estaban dentro de lo previsto por la entidad cántabra, además de ser muchos de ellos ya públicos. Entre esta documentación hay emails cruzados entre Ana Botín y Orcel, algunos tuits de la presidenta del Santander y correos remitidos al directivo de UBS durante el segundo semestre de 2018 "para que se fuese familiarizando con el banco". 

La entidad financiera sí se ha opuesto a la petición de poder reproducir las grabaciones que existen con conversaciones entre Botín y Orcel. El juez ha rechazado estas grabaciones, pero sí cuenta con la transcripción de las mismas en papel.

Las fuentes judiciales consultadas añaden que, durante la celebración de la vista previa, los abogados de Orcel no han hecho hincapié en la acusación de manipulación de determinados documentos a los que se habían aludido con anterioridad, como las actas del consejo de administración. Sí en lo que se refiere a los correos remitidos entre las partes.

Santander considera que Orcel recibió una "carta-oferta", mientras que la otra parte defiende que ese documento era un contrato formal con todas sus consecuencias. "No lo era porque la retribución no estaba pactada; si haces un contrato de prestación de servicios y no llegas a un acuerdo con la retribución, no hay contrato", explican fuentes jurídicas.

Según la versión del banco, la carta solo mencionaba un precio máximo a pagar de 35 millones de euros en el caso de que UBS no pagara nada a Orcel tras su salida de la entidad suiza. Pero UBS indicó finalmente una indemnización de entre 12 y 14 millones de euros, que Orcel no iba a restar del tope propuesto por Santander.

Las diferencias entre ambas partes e iniciaron a principios de 2019, cuando el grupo financiero español decidió no fichar al que fuera consejero delegado de UBS. Orcel optó entonces por demandar a Santander, al que reclamaba inicialmente su incorporación al cargo para el que fue solicitado su fichaje, consejero delegado, o una indemnización de 112 millones de euros, que sigue solicitando. Santander, por su parte, mantiene que trató de llegar a un acuerdo con él tras renunciar a su fichaje como número dos de Botín en la entidad.