La absolución de los 34 acusados por el caso Bankia supone un punto final para uno de los juicios financieros más mediáticos de los últimos tiempos. Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional conocida este martes ha borrado buena parte de la 'mancha judicial' de la entidad, Bankia aún se enfrenta a los posibles recursos de los afectados y a otras causas pendientes derivadas del propio desarrollo de su negocio.

Las fuentes judiciales consultadas anticipan que varios miembros de la acusación particular recurrirán la sentencia por la salida a bolsa, alegando diversas contradicciones en el documento hecho público ayer. 

Uno de los puntos que más controversia ha suscitado es, precisamente, el de la falsedad de las cuentas de la entidad. La sentencia deja claro que las cuentas de 2011 no eran falsas. Pero precisamente porque Deloitte se negó a firmarlas con lo que, según el fallo, ni siquiera podrían considerarse cuentas al no haber sido auditadas. 

Rato, flanqueado por Olivas y Verdú, el día de la salida de Bankia a Bolsa./ Efe

Asociaciones de minoristas y consumidores como Adicae o Aemec ya han anunciado su intención de recurrir. En su caso, Asufin recuerda que, en cierto modo, la Audiencia Nacional contradice con esta sentencia a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que se apoyó, precisamente, en pruebas desplegadas en este procedimiento para demostrar que las cuentas no reflejaban de forma fiel la situación económica de la entidad.

Un fallo que sirvió también para que el equipo de José Ignacio Goirigolzarri tomase la decisión de devolver a los minoristas lo perdido en su inversión en la salida a bolsa. 

Procedimientos relacionados

Aunque la entidad ha devuelto 1.900 millones de euros desde 2012 a más de 225.000 inversores afectados por aquel proceso, aún tiene procedimientos abiertos en Europa para resarcir a algunos inversores institucionales, que esperan recuperar su dinero argumentando falsedad del folleto. Sin embargo, las reclamaciones que siguen vivas en este sentido apenas alcanzan los 40 millones de euros.

Del mismo modo, y aunque su frente judicial está mucho más despejado tras su absolución, Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, también tiene otra causa pendiente relacionada con este mismo caso. Se trata de la investigación abierta por la firma de los contratos de publicidad de Caja Madrid y Bankia, supuestamente, a espaldas de los consejos de administración, con el objetivo de favorecer económicamente a las firmas Publicis y Zenith a cambio de comisiones.

Más de 20.000 reclamaciones

Estos restos del conocido como 'caso Bankia' completarán el calendario judicial al que la entidad, en pleno proceso de fusión con CaixaBank, se enfrenta al igual que el resto del sector. La mayoría son casos por malas prácticas del pasado que, en todo caso, no tendrían un impacto significativo en la situación patrimonial del grupo, tal y como defienden sus auditores.

A 30 de junio de 2020, la entidad mantiene abiertos 5.263 procedimientos judiciales derivados de las cláusulas suelo y otros 14.717 por gastos de formalización de hipotecas. La entidad también espera la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos ya presentados por el índice IRPH, prevista para este miércoles 30 de septiembre y que ha tenido que ser suspendida porque el presidente de la Sala está guardando cuarentena. 

Según sus últimas cuentas semestrales, Bankia tiene una exposición al IRPH de unos 1.200 millones de euros, más otros 1.500 millones que corresponden a carteras de préstamos relacionados con los préstamos de su cartera de Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Desde la entidad eliminan, sin embargo, esta cifra de los posibles litigios que surjan en torno a este indicador hipotecario, al tratarse de unos préstamos que no fueron pactados entre Bankia y el cliente, sino que los fijaron las administraciones de turno de cada comunidad autónoma.

En otros frentes abiertos, el número de reclamaciones recibidas por las tarjetas revolving ascendía a 111 a cierre de junio, que previsiblemente tampoco afectará financieramente a la entidad. Sin embargo, los auditores sí advierten de que al no haberse fijado una "doctrina uniforme, clara y precisa", la litigiosidad vinculada a este tipo de operaciones de financiación podría incrementarse en el futuro.