De Guindos allana el interrogatorio del Santander al afirmar que ofreció a otros el Popular y valía cero

Con la lectura de la sentencia absolutoria por la salida a Bolsa de Bankia aún caliente, el que fuera ministro de Economía en los tiempos del rescate, Luis de Guindos, estaba citado este miércoles para declarar por videoconferencia por el 'caso Popular' que investiga la Audiencia Nacional.

El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) se sometió a las preguntas del juez José Luis Calama condicionado por su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis del banco.

Sin embargo, aportó algunos datos interesantes que, sin duda, serán clave para los interrogatorios a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y al ejecutivo que designó esa entidad para presidir el Popular tras su compra, Rodrigo Echenique.

Ambos acudirán a la Audiencia como testigos la próxima semana y tras la declaración de Luis de Guindos tendrán más fácil explicar cómo hay un acta que indica que la compra del Popular en un escenario de resolución ya había sido abordada por el consejo de administración del Santander dos semanas antes de la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR).

Fiel a sus formas, De Guindos se puso de perfil en varios temas espinosos a la hora de responder a algunas preguntas. Pero también ofreció dos detalles importantes para la investigación, según cuentan a este diario fuentes conocedoras de su declaración.

Sondeo a otros bancos

El vicepresidente del BCE afirmó al juez que ante la delicada situación que atravesaba el Banco Popular en 2017 sondeó a cinco entidades financieras para ver si tenían interés en adquirir la entidad.

Según explicó, esos bancos rechazaron comprar la entidad que entonces presidía Emilio Saracho porque en sus valoraciones les salía como valor "patrimonio neto negativo". Es decir, valía menos de cero euros y, por tanto, no podía ser comprado.

Santander se hizo con el Popular por un euro en la misma noche de junio de 2017 que fue resuelto. Gracias a esa operación, que obligó a Botín a aprobar una ampliación de capital, el banco pudo atender a sus clientes con normalidad a la mañana siguiente. 

Según relató De Guindos, la alternativa a esa operación hubiera sido acometer un rescate de la entidad con dinero público, lo que hubiera tenido un impacto significativo en la deuda pública porque hubiera forzado al Tesoro a plantear una elevada emisión de bonos.

Saracho y el BCE

Preguntado por los abogados de una de las defensas, la de Ángel Ron, sobre la reunión que el último presidente del Popular, Emilio Saracho, mantuvo el 16 de marzo con el BCE para informarle sobre las opciones que tenía la entidad para su futuro, De Guindos afirmó que no tuvo conocimiento del encuentro pese a que como ministro de Economía era informado periódicamente de los asuntos relevantes que afectaban al banco.

En esa reunión, se pusieron sobre la mesa tres opciones para el Popular: la ampliación de capital, una operación corporativa o su resolución.

El vicepresidente del BCE expresó también su malestar con la JUR por la falta de transparencia y por su negativa a hacer público el informe de Deloitte que avalaba la resolución del banco. 

Además, defendió que el banco era solvente hasta el final y que no pudo evitar la salida de depósitos que se produjo en sus últimos días.

La declaración de Luis de Guindos se produce después de que hayan pasado por la Audiencia Nacional los dos expresidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como muchos de sus exdirectivos y exconsejeros. 

El juez también llamó al exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, o al presidente de la CNMV y exsocio abogado de Linklaters (despacho que trabajó para el Popular), Sebastián Albella, para interrogarles como testigos.

Calama investiga dos piezas separadas. La primera afecta al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016. La segunda se centra en los 108 días de mandato de Emilio Saracho, que podría enfrentarse a un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.