La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha llegado a la Audiencia Nacional para testificar en persona en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

La comparecencia se centrará en los pormenores del proceso de compra del Popular, entidad que tras su resolución a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea el 7 de junio de 2017 fue adquirida por el Santander a precio simbólico.

En una rueda de prensa celebrada ese mismo día, Botín aseguró que la operación daría "certidumbre y estabilidad" al sector financiero español, y defendió que era "la mejor opción para dar continuidad a una entidad tan importante" como el Popular.

Luis de Guindos

Su declaración llega una semana después de la del exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que en su interrogatorio explicó que entre enero y junio de 2017 mantuvo conversaciones con los presidentes de los cinco grandes bancos españoles, entre ellos, el Santander.

También reconoció que en una conversación con Botín, ésta le dijo que habían visto las cuentas del Banco Popular y habían decidido no hacer una oferta; además, le informó de que tenía un patrimonio neto negativo.

Un extremo que, admitió De Guindos, fue corroborado por el resto de entidades, y es que nadie quería comprar el banco.

Vista esta situación, prosiguió, la JUR acordó resolver el Popular, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se puso en contacto con algunas de las entidades que ya habían analizado el Popular en las semanas anteriores para comunicarles que iban a iniciar un procedimiento de resolución.

Sin dinero

En opinión del vicepresidente del BCE, si el Santander no hubiese entrado, las oficinas del Popular no habrían podido abrir porque no había dinero en la caja y todas las líneas de liquidez estaban agotadas.

La causa comenzó en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.