España podría estar cometiendo un error garrafal quitando beneficios fiscales a los planes de pensiones privados y desmarcándose, por tanto, de los socios comunitarios. “El año que viene podremos tener planes de pensiones individuales paneuropeos y, sin embargo, el legislador español va en sentido contrario a nuestros homólogos en el marco de un mercado común europeo de planes de pensiones”.

La frase ha sido pronunciada por Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, en el Observatorio de las Finanzas, un encuentro organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. El responsable de la patronal de las gestoras ha advertido que “se corre el riesgo de que haya flujos de salida de talento”, en referencia a un posible trasvase de dinero desde planes de entidades españolas a planes de gestoras extranjeras.

Los expertos financieros participantes han coincidido al afirmar que “cualquier medida que vaya dirigida a reducir el ahorro a largo plazo es un error” y que “no se puede intentar desarrollar el segundo pilar destruyendo el tercer pilar”.

Esto tiene que ver con la reciente reducción de la aportación máxima anual a planes individuales, de 8.000 a 2.000 euros, en favor de los planes de empleo, que pasan de 8.000 a 10.000 euros. También con la intención por parte del Gobierno de crear un megafondo de pensiones público de empleo, dirigido muy especialmente a las pymes, el motor económico del país.

A este respecto, “nos gustaría que, antes del 31 de diciembre, hubiera movimiento en el desarrollo del segundo pilar”, ha empujado Gregorio Gil de Rozas Balmaseda, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles y responsable del Grupo de Trabajo de Pensiones del IAE. Porque, “si no lo logramos, estamos quitándole capacidad de ahorro a los españoles”.

El modelo sueco

Y esta capacidad de ahorro será vital para la futura jubilación de muchos ciudadanos, que a todas luces verán mermada su pensión pública y tendrán que complementarla con vehículos privados. El sistema público de pensiones en España busca un nuevo referente y, según Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA, el modelo a seguir es Suecia.

“Suecia es un referente en el sistema del bienestar. Hace tres décadas aseguró la sostenibilidad del primer pilar (el público) desarrollando el segundo y tercer pilar (empresas e individual, respectivamente)”, con un modelo de cuentas nocionales y adscripción automática.

Los datos dan cuenta de la urgencia a la que se enfrenta España. Antes de la crisis de la Covid, en 2019, el déficit estructural del sistema público de pensiones ya era equivalente al 1,5% del PIB o, lo que es lo mismo, a unos 1.000 euros por cotizante a la Seguridad Social. “Como la tasa de dependencia va a aumentar, las previsiones apuntan a que este déficit se va a multiplicar por cuatro en los próximos 25 a 30 años, hasta el 6%”, según los cálculos ofrecidos por Doménech.

Como ha puesto de manifiesto Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, con la situación actual y teóricamente, el Estado tendría que aportar entre un tercio y la mitad de sus ingresos tributarios al año para soportar las pensiones. Algo que es irrealizable. Por tanto, “habría que buscar soluciones más equilibradas, partiendo de que tenemos pensiones más altas de las que nos podemos permitir”.

No depender del exterior

En términos OCDE, la tasa de sustitución española de la pensión pública en relación al último salario está en el 83,5%, siendo una de las más altas. Pero las estimaciones pasan por que se va a ir reduciendo progresivamente, ya que “cada pensión nueva entra al sistema con un déficit actuarial”, esto es, “que a lo largo de su vida laboral, la persona en cuestión ha cotizado menos de lo que va a recibir cuando se jubile”, ha puesto en contexto el experto de BBVA.

Entre las soluciones propuestas para hacer sostenible el sistema de pensiones, De la Fuente ha defendido que “es lógico que se aumenten los años trabajados si aumenta la esperanza de vida”, al tiempo que “habría que organizar el sistema fiscal en su conjunto, quizá no solo fomentar los planes de pensiones privados”.

Tras menguar el beneficio fiscal de los planes individuales, Inverco prevé un 30% menos de aportaciones a estos vehículos en 2021. Y eso tiene una consecuencia directa sobre la propia financiación de España como país. “Si no desarrollamos nuestro ahorro privado a largo plazo, siempre seremos dependientes de los inversores no residentes. Desarrollar una inversión doméstica debe ser un objetivo estratégico como país que, en caso de grandes crisis, nos dé músculo para que, entre otras cosas, así no suba la famosa prima de riesgo”, ha animado Martínez-Aldama en cuanto a la inversión en valores locales.