La posibilidad de limitar los sueldos de la banca ha pasado de ser una hipótesis a cobrar más fuerza cada día. Aunque el Gobierno no tiene planes de tomar medidas en este sentido hasta que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de CaixaBank y BBVA se terminen de negociar, los banqueros ya han defendido su visión sobre una cuestión que despierta los fantasmas del control retributivo que trajo la crisis financiera.

Los reiterados mensajes vertidos desde el Ejecutivo sobre que los sueldos de los directivos de banca son "altos", "llamativos" e "inaceptables", especialmente cuando están negociando despidos colectivos, han recibido respuesta por parte de los primeros espadas del sector estos días.

La réplica de la banca ha sido unánime: los sueldos de los directivos del sector ya están regulados y, probablemente, son los que más lo están de todo el sector empresarial. José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, añadió hace unos días a la explicación que los límites que ya tienen sus salarios les ponen en desventaja frente a los banqueros de otras geografías en las que su banco está presente y en las que no existen este tipo de controles.

Onur Genç, su homólogo en BBVA, defendió, por su parte, que las empresas compiten por talento no solo dentro de su sector, sino también con otros y en comparación con distintos países.

En Sabadell, César González-Bueno, añadió que el sector entiende "la sensibilidad" del Ejecutivo con este tema, pero que los sueldos de los banqueros pasan por el filtro de los supervisores, los consejos de administración y las juntas de accionistas (y, por tanto, de los proxy advisors).

Una regulación compleja

El Gobierno, sin embargo, como publicó Invertia, va a seguir ejerciendo presiones públicas y privadas mientras duren las negociaciones de los ERE de CaixaBank y BBVA para que las entidades mejoren las condiciones y reduzcan los despidos anunciados, al tiempo que seguirá adelante con su intención de limitar los sueldos de los altos directivos del sector.

Este debate recuerda en el sistema financiero a la regulación de los sueldos de los directivos de las entidades rescatadas que se impuso tras la crisis financiera. Fue el caso de Bankia, donde sus gestores, entre ellos José Ignacio Goirigolzarri, tuvieron sus sueldos limitados durante años.

"El Gobierno capacidad no tiene, quien la tiene es el regulador, que en este caso es el Banco Central Europeo (BCE) (...) tendría que buscar una manera de intervenir que no es sencilla salvo para bancos rescatados", opina el economista Javier Santacruz.

En su opinión, "es un tema muy complejo desde el punto de vista de la competencia y la regulación. Tiene que tener una justificación en que hubiera una contraparte con dinero público". Y añade que "los salarios de los directivos bancarios en España son bastante moderados en comparación con otros países (...) incluso están por debajo en el caso de la retribución fija". Desde el sector se defiende también que están en línea con sus comparables.

El dictamen del BCE

Con todo, según publicaba hace unos días La Información, el Gobierno estaría trabajando en el diseño de una norma con rango de ley para limitar los sueldos de los banqueros, para lo que podría basarse en un pronunciamiento emitido por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) hace dos años y medio.

Este dictamen se publicó en respuesta a una petición del Gobierno de Países Bajos en relación con el borrador de una ley en la que estaba trabajando.

Esta ley holandesa establecía que las entidades consideradas sistémicas (para poner contexto, es una consideración que en España solo tienen Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y la antigua Bankia) estarían obligadas a recibir la aprobación del ministro de Finanzas a la hora de realizar cualquier incremento en la remuneración fija básica de sus directivos.

De acuerdo con el borrador de esta ley holandesa, su Ministerio de Finanzas podría rechazar dar su consentimiento a una remuneración fija si la considera "inapropiada".

En su respuesta, el BCE resolvió que el ministro de Finanzas holandés podría "evaluar lo apropiado de una remuneración fija básica de directivos nuevos o que ya ejerzan de forma individual con una política de remuneración cauta, controlada y sostenible teniendo en cuenta el amplio consenso que existe en la sociedad", pero "siempre y cuando" no interfiera con las competencias del BCE, entre las que se encuentra supervisar que los bancos cuenten con "disposiciones de gobernanza robustas".

En todo caso, la institución que preside Christine Lagarde añadió que "los Estados miembros deberían abstenerse de poner obstáculos tanto a la práctica supervisora uniforme como al ejercicio de discrecionalidad supervisora del BCE dentro del Mecanismo Único de Supervisión (SSM, por sus siglas en inglés)".

Regulación

En todo caso, las remuneraciones variables de los directivos bancarios, que suelen otorgarse en forma de acciones, ya están reguladas para desincentivar una toma de riesgos excesiva por parte de los gestores que mueva el precio de la cotización, para que no se beneficien de ello.

Asimismo, con la llegada de la pandemia desde la Autoridad Bancaria Europea (EBA) se hizo un llamamiento a la prudencia en el pago de bonus y, de hecho, los primeros ejecutivos de los grandes bancos (Santander, BBVA y CaixaBank, entre ellos) se bajaron el sueldo, algo que no ocurrió en otros sectores.

En el caso de los bancos españoles, tomando como referencia un año "normal", 2019, antes de la rebaja de sueldos por la pandemia, los primeros ejecutivos de los grandes bancos cobraron entre 1,4 y 9,95 millones de euros, cada uno en función del tamaño de su entidad.

Ese mismo año, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cobró 10,43 millones; Florentino Pérez, presidente de ACS, 6,83 millones, o Pablo Isla, presidente de Inditex, 6,2 millones.

Algunos directivos cuentan con remuneraciones que se pagan pasados unos años, tras cumplir objetivos, lo que engrosa sus sueldos, como ocurrió en 2020 con José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, que, tras formalizarse el pago de un plan de incentivos a largo plazo acumulado en cinco años, se embolsó de golpe más de 35 millones de euros.