La banca conoce por fin el detalle de los criterios que el Gobierno ha fijado para afrontar las renegociaciones de la deuda de las empresas beneficiarias de créditos con aval del Estado que no puedan devolver la financiación. Lo ha hecho tras semanas de negociación con la banca que se cierran con alivio para el sector, pues las quitas de deuda van a ser el último recurso a la hora de gestionar esas deudas y, en todo caso, la parte de la pérdida que asumirán los bancos será de un tercio como máximo.

El Ejecutivo ha dado luz verde esta semana al Código de Buenas Prácticas que debía completar el paquete de 11.000 millones para respaldar a las empresas en problemas tras la llegada de la pandemia. Dentro de este plan se reservaron 3.000 millones para reestructuraciones de deuda, pero faltaba detallar los criterios que deberán seguir los bancos a la hora de renegociar los préstamos.

Ahora que ya se conocen, los bancos respiran tras comprobar que el texto dista mucho de las pretensiones iniciales del Ejecutivo, que pasaban por priorizar las quitas de deuda sobre las ayudas directas, un escenario que ha quedado descartado por completo.

El acuerdo aprobado el martes contempla la posibilidad de aplicar quitas, pero como último recurso. Antes deberán agotarse otras soluciones, como ampliar el vencimiento de los créditos ICO hasta diez años, frente a los ocho anteriores, o la carencia, el plazo durante el cual los deudores están eximidos de ir devolviendo el crédito y solo están obligados a pagar el interés. Para esto último el Ejecutivo no establece un plazo, sino que lo deja a merced de un acuerdo entre el banco y el cliente.

Otra opción que deberá valorarse antes de la quita es la conversión de la deuda (toda o una parte) en un préstamo participativo con mantenimiento del aval público, en el que se establece un interés ligado a la evolución de la compañía como garantía de que apostará por su viabilidad. 

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en el Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Además, estas medidas se aplicarán en los casos en los que las empresas a las que se concedieron créditos con aval del Estado no puedan hacer frente a las deudas, que no son todas.

Algunas han conseguido recuperar sus ingresos o lo lograrán en el futuro según se vaya recuperando la economía, mientras que otras podrán optar a las ayudas directas, para las que el Gobierno aprobó una partida de 7.000 millones.

No habrá una oleada de quitas

El hecho de que se prioricen las ampliaciones de los plazos de devolución de los créditos y se introduzca la posibilidad de convertirlos en préstamos participativos aleja la posibilidad de que se vaya a producir una oleada de solicitudes de quitas de deuda, pues solo se recurrirá a ellas "en los casos que tengan sentido", destacan fuentes financieras.

El miedo a que se automatizara el proceso y las empresas, por el mero cumplimiento de una serie de requisitos, pudieran acceder a reducciones de deuda en una suerte de "café para todos" sobrevolaba al sector desde hacía semanas hasta el punto de que Moody's había estimado que podría hacer frente a un impacto cercano a los 1.300 millones para el conjunto de los bancos españoles.

Aunque solo el tiempo confirmará qué impacto final afrontarán los bancos, lo cierto es que asumirán, como mucho, un tercio de las pérdidas que impliquen las quitas, en función del esquema de reparto del aval de cada crédito. Las garantías del ICO se dieron por el 80% del préstamo para los créditos concedidos a pymes y autónomos y por el 70% para el resto, de forma que los bancos solo asumirán entre el 20% y el 30% de la pérdida.

Desde el sector se valora que la posibilidad de un "café para todos" ha quedado descartada por completo, habida cuenta de que serán los propios bancos los que decidan qué solución es mejor en cada caso concreto. La banca pidió desde el principio, como manifestó en múltiples ocasiones, tener ese poder de decisión al considerar que son las propias entidades las que mejor conocen la situación de solvencia de las compañías.

Como añaden otras fuentes financieras, cuanto más precisa sea esta clasificación mejor será para las empresas, pero también para los bancos, que tendrán más controlado el riesgo al que se exponen y, consecuentemente, también para el ICO, que tendrá que asumir menores pérdidas.

Al fin y al cabo, exponen otras fuentes del sector, este Código de Buenas Prácticas sigue la filosofía de la propia actividad diaria de los bancos, que negocian habitualmente con sus clientes ampliar los plazos de sus préstamos y, "cuando no hay otra salida", aplicar quitas de deuda. "Replica la forma de actuar de los bancos, que están constantemente buscando la mejor solución para el cliente", añaden.