Este mecanismo, de adhesión voluntaria para las entidades financieras, fija los criterios para que los bancos puedan ofrecer soluciones alternativas a los titulares de los llamados créditos ICO que no puedan devolver su deuda por no haber recuperado su nivel de ingresos previo a la pandemia. Más concretamente, se contemplan alargamientos del vencimiento de los créditos, su conversión a préstamo participativo o, en último caso, quitas de deuda.

Los grandes bancos del país y, lo que es más importante, los que han concedido la gran mayoría de la financiación con aval del Estado (concretamente, el 98%) suscribieron el Código desde el primer momento. Fue el caso de CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Kutxabank, entre otras muchas.

Un total de 100 entidades lo hicieron, como informó la Secretaría General del Tesoro a mediados del pasado mes de junio. Sin embargo, otras 28 decidieron no hacerlo, cosa que Nadia Calviño, vicepresidenta económica, les afeó en público hace algunas semanas.

"Los clientes tienen que ser conscientes del mensaje que mandan las entidades en las que tienen sus cuentas corrientes o tienen ahí sus créditos avalados", apuntó la titular de Asuntos Económicos en referencia a las entidades que no habían querido suscribir el Código.

Segunda oportunidad

Tras estas palabras y viendo que aún quedaban 28 entidades que habían canalizado avales públicos pero no se habían sumado a esta iniciativa, el Tesoro les dio una segunda oportunidad para apuntarse a la lista, pero solamente dos entidades la aprovecharon, como refleja la última resolución del Tesoro al respecto.

De esta forma, aún son 26 las entidades financieras que no han suscrito este Código de Buenas Prácticas. Entre ellas se encuentran Banca March, Banca Pueyo, Banco de Depósitos, Caja Rural de Jaén, Caja Rural Nuestra Señora La Esperanza de Onda, Crédit Agricole, HSBC Continental Europe, ING, Novo Banco, PSA Financial Services, Ruralnostra, Sabadell Consumer Finance, Santander Factoring y Confirming, Société Générale y Triodos Bank.

El Ejecutivo puso en marcha este Código el pasado mes de mayo tras semanas de debate con el sector bancario, que desde un inicio quiso poder elegir qué renegociaciones de deuda se aplicarían a cada cliente para evitar quitas generalizadas. Los bancos consideraban que aplicar "quitas indiscriminadas", además de generarles grandes pérdidas, discriminaría a las empresas que hicieron un esfuerzo con sus recursos propios y no recurrieron a la financiación con aval del Estado.

Con todo, no se negaron del todo a que las quitas estuvieran dentro de este Código de Buenas Prácticas, pero solo como último recurso, como ocurre ya en el día a día de la operativa bancaria.

Otra condición que aceptaron fue que se diera publicidad a la adhesión de las entidades al Código, que lleva a cabo el Tesoro, de forma que todo el mundo puede saber con qué bancos se puede recurrir a estas soluciones alternativas.