Los vecindarios tendrán 15 años para devolver los créditos con aval del Estado para rehabilitar edificios

El ambicioso plan de rehabilitación de vivienda que el Gobierno ha aprobado esta semana a través de un Real Decreto al calor de los fondos europeos va a tener como uno de sus actores principales a la banca. Las entidades financieras tienen el encargo de apoyar con financiación adicional los proyectos que presenten las comunidades de vecinos, que será sustentada con 1.100 millones de euros en avales del Estado.

Estas garantías públicas se canalizarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ocurrió también con los llamados créditos ICO puestos a disposición tras la llegada de la pandemia, y podrán optar a esta financiación bien los propios propietarios o bien las comunidades de vecinos, que tendrán un plazo de hasta quince años para devolverla.

Eso sí, los avales se destinarán a los proyectos con un único propósito: que se dediquen al pago de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Adelantar la financiación

En este camino de impulsar la financiación de proyectos de rehabilitación de vivienda hay un banco que siempre ha ido por delante. Deutsche Bank relanzó antes incluso de la llegada de la pandemia, en febrero del pasado año, su área de financiación de proyectos de eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación de edificios con el objetivo de alcanzar un volumen de crédito en tres años de unos 1.500 millones y convirtió la antigua dbcredit en lo que es hoy Avanza Credit.

Como explica a EL ESPAÑOL-Invertia su responsable, Jorge Sáenz de Miera, desde el principio la forma de trabajar de la entidad pasa por recibir proyectos por parte de las empresas ejecutoras para que la comunidad de vecinos no tenga que encargarse de ninguna gestión.

Son estas compañías, además, las que canalizan hacia las comunidades esta financiación, un modelo que, en opinión del directivo, "es el que se debe extrapolar a los fondos europeos".

La entidad trabaja con ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios para la gestión de estos nuevos fondos, que son esenciales para la rehabilitación de edificios, dado que, como explica Sáenz de Miera, "en España el 80% de los edificios tiene una calificación energética F o G, es decir, son ineficientes". El grueso del plan se destinará a reformar fachadas y cubiertas.

Área "estratégica"

Para Deutsche Bank, esta área, en la que solo se trabaja con comunidades de propietarios, no con edificios públicos, es "estratégica", por lo que considera que las garantías públicas deberían destinarse mejor a apoyar proyectos "donde sea difícil acceder a la financiación". Eso sí, considera que "la demanda hay que movilizarla".

La ministra Raquel Sánchez llegando a Moncloa.

En todo caso, para poner en marcha este mecanismo de garantías públicas aún es necesario que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ICO firmen un convenio que tendrá una duración de veinte años.

Los bancos, por su parte, serán los encargados de canalizar la financiación, por una parte, y de reclamar (judicial o extrajudicialmente) los importes impagados derivados de la ejecución de los avales. No podrán conceder aplazamientos ni quitas sin permiso de la Agencia Tributaria.