Estos periodos de gracia -en los que las empresas solo tienen que pagar los intereses del préstamo, no las cuotas- debían ir terminando a lo largo del segundo trimestre, si bien el Ejecutivo ha permitido que las empresas de los cuatro sectores que considera que están más afectados por los elevados precios de la energía puedan pedir una nueva prórroga de seis meses.

Estos cuatro sectores son el agrario, el ganadero, el pesquero y el de transporte terrestre y, de acuerdo con los datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pertenecen a los mismos menos de 70.000 empresas del total que pidió créditos avalados por el Estado. Esta cifra representa en torno a un 11% de todo el universo de compañías que han ido necesitando esta financiación, que superan las 600.000.

8,5% del importe

En total, la banca y el ICO han concedido 122.122,6 millones de euros en este tipo de préstamos con garantía estatal y, de ese importe, el 8,5% corresponde a estos cuatro sectores. Concretamente, el 4,5% ha ido a parar al sector agrario, ganadero y pesquero (5.535,4 millones) y el 4% al de transporte y logística (4.890,9 millones) -las empresas de logística no podrán pedir carencias, pero el ICO no desagrega sus datos de los del transporte-.

Cualquier empresa de estos sectores podrá pedir una carencia aunque no haya solicitado ninguna por el momento. En cuanto al resto de las compañías, aunque se vean gravemente afectadas por las restricciones sanitarias de la pandemia y aún no hayan recuperado su volumen de actividad, como las turísticas, no podrán pedir una nueva carencia, con lo que este segundo trimestre deberán empezar a devolver el crédito.

Al estar limitada la nueva carencia a cuatro sectores "no es un café para todos", explica a este periódico Agustín Rodríguez, consejero delegado de Pfs, si bien advierte de que "puede haber empresas afectadas por las olas de la Covid, los elevados precios de la energía y los problemas de suministro, que son negocios viables a largo plazo y que se queden excluidas".

Para ellas el Gobierno ha abierto la posibilidad de que pidan a los bancos una extensión del vencimiento del préstamo, algo que hasta el momento estaba reservado para empresas que habían experimentando una caída del 30% en su facturación entre 2019 y 2020.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2022. Europa Press

Deberán hacerlo en el marco del Código de Buenas Prácticas que el Gobierno diseñó hace meses para dar opciones de reestructuración de deuda a los titulares de créditos ICO y al que se adhirió prácticamente toda la banca. Este marco da tres vías de salida a esta situación: ampliación del vencimiento, conversión del crédito en un préstamo participativo o quita de deuda. Como contó ya EL ESPAÑOL-Invertia, las compañías prácticamente no están recurriendo a estas opciones.

Hasta el momento la opción mayoritaria para estas empresas había sido la solicitud de carencias y, de hecho, disponen de este periodo de gracia empresas que pidieron créditos con aval por unos 60.000 millones, de acuerdo con el informe Unión Bancaria, un clima de cambio, elaborado por PwC. Este importe supone en torno a la mitad del total concedido por la banca y el ICO (122.122,6 millones de euros).

Empresas inviables

Y, al contrario, puede haber empresas inviables que encuentren en estas nuevas carencias un balón de oxígeno para seguir sobreviviendo cuando realmente no son sostenibles a largo plazo. De no haber sido prácticamente obligatorias para las entidades -las nuevas carencias están vinculadas al Código de Buenas Prácticas al que está suscrito casi la totalidad del sector bancario- los bancos habrían podido analizar qué empresas las necesitan y cuáles no independientemente de su sector.

Estas medidas se han acogido positivamente en el sector financiero en tanto en cuanto van a dar flexibilidad a algunas empresas. Sin embargo, es cierto que el hecho de que a todas las empresas de estos sectores se les deba conceder una carencia obligatoriamente puede dar aire a empresas que no son realmente viables.

Desde el inicio de la pandemia el Banco de España ha estado advirtiendo a los bancos de la necesidad de identificar bien a este tipo de empresas para evitar una "zombificación". También desde la Unión Europea han señalado que es mejor dejar caer a las empresas inviables para proteger a las que sí pueden salir adelante y, claro está, la estabilidad financiera.

Con todo, pervive la incertidumbre sobre la suerte que correrán finalmente las empresas que recibieron créditos con garantía estatal. Esto es así porque el final de las carencias de los sectores que no son el agrario, el ganadero, el pesquero y el de transporte terrestre, que se producirá antes del verano, va a coincidir con el término de la moratoria concursal.

Un bar cerrado en Linares (Jaén). Son numerosos los negocios que han echado el cierre desde marzo. Marcos Moreno

En principio, esta llegará a su fin el próximo 30 de junio de 2022, por lo que en el sector del recobro se espera una oleada de declaraciones de concurso de acreedores si no cambia nada antes. Y, con ella, una mayor saturación de los juzgados.

El fin de la moratoria concursal, junto a la subida generalizada de los precios -que muchas empresas no pueden asumir- y el fin de las carencias de todos los sectores que no son agrario, ganadero, pesquero y de transportes empujan a muchas compañías a una suerte de "tormenta perfecta" que aún está por ver cómo terminará.

No en vano, antes de conocer estas últimas medidas, desde Pfs estimaban que entre un 8% y un 12% de las empresas con créditos ICO se podían ir a mora el próximo trimestre.

Los bancos, preparados

Ya hace un año los expertos de Alvarez&Marsal estimaban que, gracias a las provisiones generadas durante la pandemia, los bancos están preparados para asumir una morosidad de hasta el 7%, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

En el citado informe de PwC, publicado esta semana, la conclusión era similar. Y es relevante porque este nivel era más o menos al que preveían los expertos que podría llegar la morosidad este año.

"En el sector financiero se cree que en España puede haber un repunte de entre uno y dos puntos, hasta alrededor del 6%, aunque si llegara al 7% tampoco sería un drama, porque las provisiones extraordinarias realizadas hasta ahora por los bancos vienen a cubrir ese índice de impagos", apuntan en relación con la morosidad los expertos de PwC en este estudio.

Las entidades han ido elevando el volumen de créditos que tienen en vigilancia especial, es decir, aquellos que aún no han sido impagados, pero cuyo riesgo se ha incrementado desde el momento de la concesión del préstamo. Por el momento, en todo caso, no han observado un repunte de la morosidad, aunque se producirá a lo largo del año. Las medidas puestas en marcha el pasado martes intentarán evitarlo, pero de momento rodea a esta cuestión una gran incertidumbre.