Varios banqueros han puesto ya sobre la mesa la posibilidad de que, al tener que asumir mayores gastos (unos 1.500 millones de euros al año para todo el sector), deban ser más exigentes a la hora de poner condiciones a los nuevos créditos o, directamente, se ponga en riesgo su concesión.

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, puso cifras a esta afectación durante su última rueda de prensa. Concretamente, señaló que añadir unos 3.000 millones (1.500 millones durante dos años) al pago de impuestos de la banca implica sacar ese importe del capital, con lo que podría restarse capacidad para prestar unos 50.000 millones de euros.

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Su homólogo en BBVA, Onur Genç, considera que, al afectar al crédito, el impuesto tendrá consecuencias negativas para la inversión y en estos momentos "España tiene que destacar" y "crecer".

Tampoco ha gustado nada en el sector el hecho de que la propia normativa vaya a prohibir expresamente repercutir el coste del impuesto al cliente, como se ha repetido por activa y por pasiva desde el Gobierno.

"La normativa Europea dice que repercutamos todos los costes. Incluso los costes de naturaleza tributaria, para evitar burbujas de crédito. Y ahora viene una normativa española que dice exactamente lo contrario", explicaba recientemente Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

En todo caso, controlar que el coste no se traslada al cliente va a ser complicado, como expone Alberto Valle, director en la consultora financiera Accuracy. "En un entorno de subidas de tipos de interés, pero a su vez de gran liquidez en el mercado, con no subir la remuneración a los depósitos a los clientes ya se estaría repercutiendo el impuesto a los ahorradores. ¿Cómo puedes saber cuál es la motivación de no subir ahora esas remuneraciones?", apunta este experto, según quien, además, "el Estado recaudará más si se repercute vía precios, porque se ensanchan los márgenes".

Competencia "distorsionada"

Otro aspecto que ha levantado mucho revuelo en el sector es el hecho de que en la aplicación del impuesto no vaya a ser igual para todas las entidades. La proposición de ley registrada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos para crear este tributo establece que estarán obligadas de pagarlo aquellas que en 2019 -toman esta referencia para evitar las distorsiones de las cuentas de 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia- obtuvieran unos ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones de euros, lo que engloba prácticamente a todos las entidades grandes y medianas, como ya contó este periódico.

En teoría quedarían fuera entidades como ING (por la mínima) y otras filiales españolas de bancos extranjeros, dado que registran menores ingresos. Como explican fuentes financieras, esta diferenciación es injusta para los bancos que sí están obligados a pagarlo, dado que los beneficios de la subida de los tipos de interés los obtendrán todos los bancos.

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En público el mensaje de que la competencia se verá afectada también se transmite por parte de los banqueros, que en los últimos días han rendido cuentas ante los analistas y la prensa por sus resultados del primer semestre.

"Competimos con agentes que no llegan a ese umbral. Competimos contra la banca extranjera, con filiales y sucursales en España. De nuevo vamos a poner en desventaja a la banca española", afirmó Gortázar en la citada presentación, añadiendo que también se quedan fuera "los fondos buitre". "¿Vamos a dejar que ellos sean más rentables? No va a ayudar a una competencia sana", agregó.

Los dividendos, amenazados

Los banqueros no han adelantado cambios en sus planes de distribución del dividendo, si bien algunos analistas ya prevén que el impuesto podría afectar a la retribución al accionista. 

"El principal perjudicado es el accionista. Al tener que pagar un impuesto adicional, hay menos caja disponible al final del ejercicio, lo que supone un menor dividendo y una menor recompra de acciones", explica Valle, de Accuracy.

Por el momento, los bancos mantienen sus políticas de distribuir hasta la mitad de su beneficio a sus accionistas, ya sea a través de dividendos o de políticas de recompra de acciones. Muy habituales, estas últimas, entre los bancos en los últimos meses.