Distintos despachos de abogados están canalizando las solicitudes de las pymes, que rozan las 400, si bien por el momento solamente se ha presentado más de una treintena de demandas, según datos proporcionados por distintos bufetes a EL ESPAÑOL-Invertia.

Tras el inicio de la pandemia y el confinamiento estricto, durante el cual las restricciones sanitarias obligaron a paralizar la actividad de miles de empresas, una de las herramientas estrella que el Gobierno puso en marcha para evitar el hundimiento masivo de compañías fueron los llamados créditos ICO. Un instrumento que tanto el Gobierno como la banca y el propio ICO ponen en valor siempre que tienen oportunidad. 

[El ICO rechaza que haya habido mala praxis en los créditos de la Covid a pymes y avisa: "Las deudas se pagan"]

Se trata de préstamos en condiciones favorables que cuentan con un aval del ICO por si se produce un impago, un salvavidas que incentivó a los bancos para conceder una ingente financiación en los primeros meses de la pandemia.

De esta forma, y en el caso de que la empresa no devolviera el crédito, la morosidad se repartiría entre el Estado y el banco que lo concedió, a razón de entre un 70% y un 80% para el ICO y el resto para la entidad. Se realizaron alrededor de 1,2 millones de operaciones de financiación con estas condiciones.

Pasados ya tres años algunas empresas se han recuperado e, incluso, están en condiciones de devolver anticipadamente los préstamos. Otras, sin embargo, no han levantado cabeza dado que a la pandemia le siguió un entorno de inflación muy elevado, especialmente en el caso de la energía.

Patrimonio personal

En este contexto, muchas empresas se están dando cuenta de que no van a poder devolver el préstamo, dado que deben hacer frente a un importe mayor del que pensaban. El origen de este malentendido es que, según dicen, los préstamos se les vendieron con la premisa de que solamente tendrían que avalar personalmente el 20% del préstamo y no el 100%. Y se están dando cuenta de que van a tener que responder ante el préstamo con su patrimonio personal.

Desde el despacho Fieldfisher están intentando agrupar a los afectados bajo una plataforma. Ya cuentan con el interés de unas 350 empresas, a las que se suman las 45 que se han acercado al despacho Navas & Cusí, según informan desde ambos despachos a este periódico. El número crece día a día.

La intención no es anular estos préstamos, sino que se retire la obligatoriedad de responder con el patrimonio personal por todo el crédito y se limite al 20%, como explica a este periódico Jordi Ruiz de la Villa, socio de Fieldfisher.

De acuerdo con el abogado, estos créditos se vendieron a muchas empresas como "un chollo" y con la condición de que las empresas se hacían cargo como avalistas del 20%, mientras que del resto se haría el ICO como un aval de primer requerimiento, un instrumento poco conocido y que se utiliza en contadas ocasiones.

[La falta de un sistema de autorización de Hacienda a la banca impide reestructurar los créditos ICO de las empresas]

"La gente entendía que le daban el 100% de una póliza suscrita por la empresa para seguir viva, pero si la empresa no podía pagar ellos se hacían cargo del 20% y el ICO respondía por el resto", añade. Una condición sin la cual, según explica, muchas empresas jamás habrían accedido a firmar el préstamo.

Para defender esta causa, las empresas afectadas están recopilando cualquier comunicación escrita que tengan del banco que les concedió el préstamo para intentar probar esta supuesta mala praxis. En uno de los casos se cuenta, incluso, con un mensaje de Whatsapp en el que se exponen las condiciones anteriormente mencionadas, como adelantó El Confidencial.

Respuesta del sector

Desde el despacho no consideran que la concesión se produjo de esta forma por mala fe, sino que entienden que las malas explicaciones pudieron ser fruto de la urgencia de la situación y de que en aquel momento todo "fue sobre la marcha". 

Por el momento, el despacho ha recibido contestación a la primera demanda que presentó, el pasado mes de junio, en la cual el banco alega que debería desestimarse dado que el afectado no es un pequeño consumidor -a la empresa se le presuponen conocimiento financieros- y que el contrato está perfectamente explicado. Sobre la posibilidad de que no se vendiera correctamente, la entidad no dice nada, según relata el abogado.

Preguntado por esta situación, José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), afirmaba hace unos días que "las deudas se pagan".

"No tenemos constancia ni hemos detectado ninguna mala praxis por parte de las entidades financieras", dijo el presidente del ICO durante un almuerzo organizado por CEAPI, en el que recalcó que las 1,2 millones de operaciones de créditos ICO se desarrollaron "con carácter general" con arreglo a la normativa financiera.

[La recuperación turística abre la puerta a que las empresas se planteen devolver antes los rescates a SEPI y Cofides]

Entre los presentes en el almuerzo se encontraba un pequeño empresario afectado. "Entendimos que había un soporte del 80% del aval del ICO en los préstamos que se daban en esos momentos de drama y de confinamiento. En el caso de que un pequeño empresario de un millón de euros no pague, ¿el banco va a reclamar al empresario o va a pagar el ICO?", planteó este empresario al presidente del instituto.

Ante esta cuestión, García de Quevedo fue tajante. "Usted, como empresario, tiene la suficiente educación financiera y sabe que las deudas se pagan", apuntó el presidente del ICO.

Por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, también preguntada por esta cuestión durante la última presentación de resultados, afirmó que su banco no ha recibido una sola demanda por esta cuestión. "Los dimos muy bien y con mucho sentido", dijo sobre los créditos ICO.