María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este jueves en la presentación del tercer informe de ejecución del Plan de Recuperación. Efe Madrid
Banca y eléctricas convergen en su estrategia contra el nuevo impuesto: las claves de su larga batalla judicial
El hecho de que se gravan los ingresos y no los beneficios, así como el impacto a la competencia centrarán la estrategia.
17 febrero, 2023 02:20Los bancos y las energéticas han plantado batalla judicial contra el nuevo gravamen que el Gobierno ha creado para penalizar sus beneficios. Desde ambos sectores se ha comenzado ya el largo proceso legal para tumbar el impuesto y los argumentos que van a utilizar en la pelea van a ser prácticamente los mismos.
Las patronales bancarias AEB (Asociación Española de Banca) y CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) presentaron el jueves su recurso contra la orden ministerial publicada el pasado 3 de febrero en la que se introduce la obligación a las compañías afectadas de abonar el primer pago del impuesto antes del 20 de febrero.
Han impugnado la norma ante la Audiencia Nacional, como también ha hecho la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), que anunció el jueves la presentación de su recurso.
Como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia, esta es una de las vías que ambos sectores tienen para intentar tumbar este nuevo gravamen, pero no la única. Las compañías, a nivel individual, tienen la opción de sumar a estos recursos los suyos propios contra la orden ministerial, así como la impugnación de la autoliquidación del gravamen una vez efectúen el pago. Pueden tomar uno de estos caminos o todos a la vez, pues no son incompatibles.
De hecho, como informó este periódico, los bancos estudian presentar sus propios recursos más allá de los de las patronales. En todo caso, los argumentos que las patronales y las compañías de ambos sectores van a esgrimir contra este gravamen son similares, a pesar de que se trata de dos actividades tan diferentes. Al fin y al cabo, las motivaciones y la estructura del impuesto les afectan por igual.
Mismo argumentario
Uno de los puntos clave de esta batalla judicial va a ser pelear el hecho de que el gravamen se impone sobre los ingresos de las compañías, en lugar de sobre los beneficios. Parecería lo lógico teniendo en cuenta que la justificación del impuesto se basa en las ganancias que ambos sectores están teniendo en un contexto de subida de los precios de la energía y de los tipos de interés.
"Los sectores en los que la subida de precios puede incrementar en mayor medida sus beneficios son el sector eléctrico, gasista y petrolero y el de las entidades de crédito", dicta la norma que crea el nuevo gravamen.
El nuevo tributo grava con un 1,2% los ingresos de las energéticas y con un 4,8% los intereses y las comisiones de los bancos. Y, como explican fuentes jurídicas a este periódico, gravar los ingresos y no los beneficios va en contra de las directrices de la Unión Europea.
Como prueba, el acuerdo alcanzado por los ministros de Energía de los Veintisiete el pasado septiembre introduce una tasa temporal del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías activas en los sectores del petróleo, gas, carbón y refinado. "Somos el único país de Europa que grava los ingresos", critica AELEC.
En cuanto al sector bancario, el dictamen que publicó el Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto destaca que, al gravar los ingresos y no los beneficios, podría darse la circunstancia de que algún banco registrara pérdidas y, aún así, tuviera que afrontar el pago del impuesto por sus cuentas de ese ejercicio.
En concreto, señala que, "dado que la determinación de los destinatarios del gravamen temporal atiende a los ingresos totales por intereses y comisiones correspondientes a 2019, es posible que estas entidades registren unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen".
Competencia
Otro de los argumentos de peso que ambos sectores van a utilizar contra el nuevo gravamen será que no respeta la libre competencia, dado que en el caso de ambos sectores no se impone a todas las compañías, sino solamente a una parte.
En el caso de la banca, grava a las entidades que en 2019 superaron los 800 millones de euros en ingresos por intereses y comisiones. En la práctica esto supone que los bancos grandes y medianos están afectados, pero entidades como ING no.
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Desde la parte del sector financiero afectada, al igual que el BCE, consideran que esta diferencia, así como el hecho de que en España exista este gravamen y fuera no, atenta contra la competencia.
"La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la Unión Bancaria", lamentaba el BCE en su dictamen.
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En el caso del sector energético, el impuesto les toca a los operadores principales, así como las compañías que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo. Además, deben haber generado el año pasado al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
Desde AELEC consideran esta circunstancia una "discriminación", dado que solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas.
Además, desde el sector eléctrico consideran que existe "incoherencia fiscal", dado que el gravamen afecta a ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y a los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas, según su patronal.
Por su parte, los bancos también creen que afrontan una elevada fiscalidad. Y, al margen de ello, fuentes jurídicas explican a este periódico que el gravamen podría entrar en conflicto con la tasa que la banca paga por los depósitos, que también está basada en los beneficios del sector. Se trataría de dos gravámenes asociados a la misma justificación teórica, según los expertos.
2.800 millones de euros
A pesar del inicio de esta batalla judicial, todas las compañías afectarán deberán abonar el impuesto, que en conjunto supondrá unos ingresos para las arcas del Estado de más de 2.800 millones solamente este año.
La gran banca abonará unos 1.250 millones en 2023 por sus beneficios de 2022, a razón de 450 millones por parte de CaixaBank, 230 millones de Santander, 225 millones de BBVA, 170 millones de Sabadell, unos 76 millones de Unicaja y entre 80 y 100 millones de Bankinter.
Por su parte, las grandes energéticas abonarán otros 1.550 millones de euros este año. Según han ido informando sus gestores, Repsol pagará 450 millones; Naturgy, 300 millones, y Endesa, 400 millones, mientras que Iberdrola ha provisionado otros 400 millones para afrontar este coste.
