La banca quiere mantenerse al margen de las propuestas electorales que están realizando en los últimos días los grupos políticos y que tienen como foco apoyar a los hipotecados con problemas financieros por la escalada del Euríbor, es decir, a los que tengan préstamos variables. Desde el sector no entran a valorar las que han llegado desde el Partido Popular y Sumar y, una vez que el principal grupo de la oposición ha descartado su derogación, se resignan a pagar el impuesto extraordinario también el año que viene.

Y es que los populares han dejado claro que el impuesto se mantendrá durante los dos años que estaba previsto. El tributo temporal establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez está diseñado para gravar los ingresos de los grandes bancos en 2022 (por los que el sector ha abonado ya 1.120 millones de euros este año) y en 2023 (por los cuales desembolsará una cantidad similar en 2024).

Así se quedará aunque el PP gane las elecciones y logre formar gobierno, como dejó claro Juan Bravo, responsable económico del partido, el lunes durante su intervención en el curso de verano de la APIE y BBVA en Santander.

"Los impuestos se pagan"

"Los impuestos existen y se pagan. Si se considera que no son jurídicamente válidos se recurren y se pagan. No estamos en posición de negociar los impuestos", reconocía César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, durante su intervención en el mismo foro, en el que añadía que "la carga fiscal de la banca es importante".

En concreto, "entre cargas e impuestos en 2021 pagamos 800 millones y tuvimos un beneficio neto de 500 millones", expuso el banquero.

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"A nadie le gusta que le añadan un impuesto. Lo que sí es nuestra obligación es que, cuando se decide por ese Estado de Derecho que tienes que pagar un impuesto, lo pagas. Es tu obligación, no tienes otra alternativa. Todos los impuestos que haya los pagaremos, como es nuestra obligación", añadió González-Bueno.

Por su parte, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, manifestó su deseo de que el impuesto, que fue diseñado como temporal, no se convierta en permanente. "Espero que no. Es mi deseo y es lo razonable. Dicho esto, el nuevo gobierno es el que tiene que tomar la decisión", dijo.

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Con todo, ninguno de los dos se pronunció sobre la propuesta del PP de cambiar en 2024 el impuesto por la creación de un fondo destinado a apoyar a los clientes con hipotecas variables que tengan problemas para pagarla. Según Bravo, este fondo alcanzaría un importe similar al impuesto y sería sufragado por el sector, de forma que los bancos pagarían sí o sí esa cantidad, aunque con un fin distinto.

Tampoco lo hizo Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), quien, preguntada directamente por si estarían a favor de crear este fondo, se limitó a señalar: "Si el fondo viene vinculado al impuesto... lo que no queremos es el impuesto". No obstante, sí indicó que "el sector ya paga muchos impuestos".

Un bono de emergencia

Los banqueros tampoco entraron a valorar la propuesta que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha puesto sobre la mesa para que se cree un bono extraordinario "que compense la afectación de las subidas hipotecarias". Es decir, que costee la repreciación de las hipotecas por el avance del Euríbor, que en tasa diaria se sitúa ya por encima del 4%.

Una medida que, según un cálculo "conservador" de la formación política, supondría un coste fiscal de 1.000 millones de euros y se destinaría a las hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de diez años. Según ha dicho Díaz, esta propuesta es factible, ya que en Grecia se han congelado las hipotecas.

"Estamos en un momento políticamente muy activo", se limitaba a decir Kindelán, que, al igual que Goirigolzarri, se remitía a los Códigos de Buenas Prácticas acordados por la banca y el Gobierno para hacer frente a estas situaciones, cuyo funcionamiento se revisará el próximo 29 de junio en un encuentro que celebrarán ambas partes.