El problema es que mientras las autoridades norteamericanas disponen de flexibilidad sin límites para desplegar todos sus recursos de forma rápida y eficaz, los bazucas europeos son mucho más difíciles de activar: el FUR no se ha usado nunca y los fondos nacionales sólo se movilizan para pagar a depositantes de entidades quebradas.

El Banco Central Europeo (BCE) defiende acabar con este desequilibrio, de modo que la UE y EEUU estén en igualdad de condiciones. En un dictamen sobre la reforma de la normativa europea sobre crisis bancarias propuesta por Bruselas, la institución dirigida por Christine Lagarde recomienda facilitar la activación del FUR cuando esté en riesgo la estabilidad financiera de la eurozona.

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En línea con su objetivo de acabar con los rescates y evitar que sean los contribuyentes los que paguen las crisis bancarias, la legislación comunitaria vigente establece que los accionistas y los acreedores deben asumir unas pérdidas mínimas del 8% del total del balance de una entidad antes de que pueda entrar en acción el FUR.

Sin embargo, el BCE señala que esta exigencia "podría reforzar las dinámicas negativas en una crisis sistémica". Por ejemplo cuando múltiples instituciones de crédito quiebran simultáneamente" o cuando hay que aplicar quitas a los grandes depositantes no cubiertos, lo que a su vez "podría socavar gravemente la estabilidad financiera".

Por todo ello, Fráncfort apoya introducir en la normativa una "exención de estabilidad financiera" para casos excepcionales, tal y como ha aconsejado también el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una cláusula que permitiría activar el Fondo Único de Resolución sin aplicar las quitas del 8% cuando "sea estrictamente necesario para proteger el interés público y salvaguardar la estabilidad financiera".

El BCE subraya que esta opción debe estar sujeta a "condiciones estrictas" y requerirá para activarse de la aprobación conjunta de la Comisión Europea, la Junta Única de Resolución (el equivalente europeo del FROB) y el propio BCE. 

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"La exención se utilizaría sólo en tiempos de crisis en toda la eurozona o de crisis general en un Estado miembro o cuando exista riesgo de tal crisis, como último recurso y después de utilizar la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades al máximo posible sin crear efectos adversos para la estabilidad financiera", concluye el dictamen.

Por lo demás, el BCE respalda las propuestas de Bruselas en materia de crisis bancaria (que se publicaron coincidiendo con la quiebra del Silicon Valley Bank y el rescate de Credit Suisse) y pide a los legisladores que las aprueban lo antes posible. Pero además, el equipo de Lagarde pide completar la Unión Bancaria con el fin de mejorar la preparación de la UE frente a futuras crisis.

En concreto, el dictamen defiende crear un sistema europeo de garantía de depósitos bancarios (EDIS, por sus siglas en inglés), una iniciativa bloqueada desde hace años por el veto de Alemania. Para el BCE, el EDIS "garantizaría que el nivel de confianza en la seguridad de los depósitos bancarios sea igualmente elevada en todos los Estados miembros, lo que reduce el riesgo de fugas de depósitos" y además facilitaría las fusiones transfronterizas. 

La institución dirigida por Lagarde reclama finalmente poner en marcha un mecanismo para facilitar liquidez en la resolución de bancos, ya que considera que la dotación de 77.600 millones del Fondo Único de Resolución podría ser insuficiente para cubrir el apoyo de liquidez en estos casos.

La Junta Única de Resolución ha anunciado este jueves que las contribuciones que realizarán los bancos al FUR este año ascienden a 11.300 millones de euros. Todas las entidades de la Unión Bancaria (alrededor de 2.700) están obligadas por ley a pagar una tasa anual para prefinanciar este instrumento de emergencia. 

Precisamente, este año es el último de la fase de constitución del Fondo Único de Resolución, cuyo tamaño objetivo se fijó en el 1% de los depósitos garantizados para finales de 2023. El FUR se ha construido durante los últimos años y alcanzará una dotación de alrededor de 77.600 millones de euros.