El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la cadena alimentaria que continúa la reforma ya iniciada en febrero para apaciguar los ánimos en el campo y que, entre otras medidas, prohibió la venta a pérdidas. En este caso, la segunda parte vine a ampliar algunas de las coberturas para paliar los “desequilibrios” de la cadena.

“La segunda fase de la ley, la primera se conoció al final de febrero, tiene como novedades que se amplía las coberturas al espectro europeo. También se engrosa la lista los productos con cobertura. También se amplía el número de prácticas desleales”, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, la revisión de la ley de 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se completará ahora con la transposición al derecho español de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.

Así, estarán en un lista negra (prohibidas) o en una lista gris (práctica que se podría permitir). Como ejemplo de la primera lista, Planas ha apuntado a la cancelación de un contrato de productos perecederos en un plazo inferior a 30 días; y en el segundo (la lista gris) se correspondería con la posibilidad de que comprador y vendedor se pacten costes de los precios de publicidad de venta.

De esta forma, se introducirá nuevas medidas de mayor calado contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo que supone un avance capital para luchar contra prácticas que distorsionan las relaciones en la cadena. "Se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero", señalan desde el Ministerio.

Otras medidas

Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En el ámbito autonómico, en el marco de sus competencias con potestad sancionadora, se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a AICA.

Con este anteproyecto se pretende poner fin a tres desequilibrios de la cadena. En primer lugar, el que tienen lugar en la formación de precios que “se sitúa de arriba a abajo y está desequilibrada”, según Planas. El segundo, es la “falta de transparencia en su propia formación de los precios” y el tercero es la debilidad del elemento más frágil (agricultores) de cara al resto de eslabones de la cadena. 

Cabe recordar que el Gobierno ya aprobó la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria, que modifica cuatro puntos incluyendo los costes de producción de los contratos suscritos con agricultores y ganaderos con la industria.

El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.

Mejora las condiciones pesqueras

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y elevar el nivel de protección de los pescadores en los buques españoles, con medidas como la formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.

De esta forma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva comunitaria 2017/159, adoptada el 19 de diciembre de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales europeos del sector pesquero. La aprobación de este real decreto es un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre en trabajo en la pesca.

Asimismo, se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación, se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente y se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, entre otras medidas.

"Hoy es un día histórico. Por fin, el Consejo de ministros aprueba, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una norma que regula las condiciones del trabajo en el mar. Es la antesala, además, para la ratificación del convenio 188 de la OIT. Esta norma permitirá, por ejemplo, la repatriación de marineros, cuando tengan un problema de salud o por despido, y es una norma que regula las jornadas especiales, que habla de la seguridad y la salud en el mar", ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

25 millones

Y por último, Planas ha informado de una transferencia a las comunidades autónomas de 10 millones de euros por ayudas al sector ovino y caprino. También más de 3 millones para las flotas paradas en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció un paquete de medidas adicionales de apoyo estatal al sector agrario, valorado en cerca de 25 millones de euros, para apoyar al sector de la flor cortada y del cerdo ibérico, especialmente afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19, así como para medidas de promoción de los Alimentos de España.