La Confederación Española de Comercio pide revisar el plan de ahorro energético para ajustarlo al sector

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha abogado por la revisión del real decreto ley de medidas de ahorro energético. La organización considera que el plan no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de establecimientos en cuanto a tipo de producto y la zona geográfica en la que se ubica.

Con este propósito, la Confederación señaló que el Gobierno debería de haber contado con el consenso y aportaciones del pequeño comercio, antes que imponer unas medidas "de difícil aplicación, y que han provocado inseguridad jurídica, por su contradicción con otras normativas existentes".

Desde la Confederación señalaron que adecuar los umbrales de temperatura durante el desarrollo de la actividad comercial requiere tener en cuenta las limitaciones o condicionantes que se den en cada lugar de trabajo.

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Como ejemplos, desde la organización mencionan las características particulares del propio establecimiento, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado.

La Confederación asimismo criticó que el real decreto también contempla medidas que obligan a gastos extraordinarios para el comercio "en un plazo muy reducido", como nuevas herramientas de control e información a los consumidores.

Alto coste

"Esto supone un alto coste para el comercio, para el que de momento no se ha planteado un plan de apoyo, y sí se ha planteado para otros sectores como Industria", apuntó el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres.

Para la CEC, la negociación con las comunidades autónomas puede ser una solución operativa para una mejor implantación de las medidas que se aborde con las organizaciones empresariales.

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La organización insistió en que esta implementación debe tener en cuenta las circunstancias de los sectores y las disposiciones recogidas en materia de normativa laboral para la mejor adecuación.

En cualquier caso, según Torres, cualquier medida que se adopte debe guiarse por la "flexibilidad, sentido común y consenso con los sectores afectados".