Como últimamente viene siendo habitual, las principales asociaciones de consumo han unido fuerzas para hacer un llamamiento colectivo. Piden al Gobierno aplazar un año la entrada en vigor el próximo 1 de enero del impuesto al plástico por el duro impacto que tendrá en sectores como el gran consumo, la hostelería, el textil, la ferretería y los bienes tecnológicos.

Organizaciones de los principales sectores de consumo (ACES, Acotex, Adelma, Aecoc, AFEB, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) piden este aplazamiento por el contexto económico -protagonizado por la elevada inflación- que soportan. 

El Impuesto Especial a los Envases de Plástico no Reutilizables tendrá un impacto directo en las compañías del sector de alrededor de 690 millones de euros, a lo que habría que sumar el de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros.

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Sin embargo, denuncian que el Gobierno rechaza el aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. “Si bien reconoce que, a causa de la inflación, cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros”, recuerdan.  

De hecho, exigen tomar el mismo camino que Italia, país que ha aplazado la entrada en vigor de este gravamen. De esta forma, España se queda sola en Europa con la introducción de un impuesto.

Las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideran que el impuesto llega “en el peor momento posible”.

Además, resaltan que, a un mes vista de la entrada de este impuesto, hay gran incertidumbre en la aplicación propia del impuesto al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia. 

Freno a la inversión

La introducción del impuesto en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, le resta competitividad frente a sus vecinos europeos. 

En ese sentido, han denunciado el “impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no  deban asumir estos costes adicionales”.   

El impuesto es también  una medida especialmente perjudicial para las pymes que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes.