Este impuesto -incluido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular- afecta a todos los operadores que fabriquen, adquieran o importen envases de plástico no reutilizables, productos plásticos semielaborados y cierres. Y más concretamente, impacta de lleno al sector del gran consumo, la hostelería, el textil, la ferretería y los bienes tecnológicos.

Eso quiere decir que afecta a todas las cajas, envases, cintas de embalaje y films, material de retractilado que contengan plástico no reutilizable. El impuesto supondrá un pago de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico.

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Algo que hace que el sector del gran consumo cifre en 690 millones de euros el impacto directo que tendrá. A ello hay que sumar los efectos de la responsabilidad ampliada del productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros.

Por ello, organizaciones de los principales sectores de consumo (ACES, Acotex, Adelma, Aecoc, AFEB, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) piden el aplazamiento por el contexto económico, protagonizado por la elevada inflación que también soportan. Países como Italia han aplazado este impuesto dejando a España como el único de la UE que lo pondrá en marcha. 

Envase para 'take away' en restaurante.

Desde estas patronales aseguran que el sector ya tiene que asumir obligaciones de otros ámbitos además de los sobrecostes de la inflación. Por lo que este aumento de costes podría repercutir en el precio de venta al consumidor y encarecer aún más algunos productos, especialmente en alimentación. 

A esto hay que añadir que este nuevo sobrecoste lastra la recuperación de algunos sectores como el textil, que aún no se ha recuperado del todo. “Ahora vendemos un 30% menos de lo que vendíamos antes de la pandemia y vemos como cada día se nos ponen más palos en las ruedas”, reclama el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex), Eduardo Zamácola. Una situación que invita a pensar que muchas empresas no podrán aguantar más.

Plástico de un solo uso

Asimismo, esta ley incluye novedades en el uso de vasos, tapas y recipientes de plástico de un solo uso de comida para llevar. Desde 2023 estará prohibida la distribución de estos artículos sin coste, debiéndose cobrar cada producto de plástico entregado, indicándolo en el ticket de venta, como ya ocurre con las bolsas de plástico. Esto obligará a gran parte de la hostelería a reinventarse, especialmente en lo relativo al delivery, alertan desde la empresa Envapro.

De hecho, la hostelería se encontrará con otro impuesto en 2023. Hablamos de la ley que persigue evitar el desperdicio alimentario, que obligará a los restaurantes a ofrecer a sus clientes la opción de llevarse de forma gratuita las sobras de la comida en envases que sean reutilizables, compostables o fácilmente reciclables.

Problemas de gestión

Además, el impuesto es también una medida especialmente perjudicial para las pymes que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes.

Y es que, es importante destacar que los impactos no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pequeñas empresas. 

Los lineales de los supermercados están llenos de envases de plástico Miriam Chacón ICAL

A modo de ejemplo, un informe de Cuatrecasas reconoce que el mero hecho de tener que calcular la base imponible del impuesto, constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos sujetos, o la obligación de certificar la cantidad de plástico reciclado contenida en estos conllevará la necesidad de revisar los contratos vigentes con los proveedores. Situación que va a generar “inseguridad jurídica”, según el sector del gran consumo.

Por otro lado, la introducción del impuesto resta competitividad a las empresas españolas frente a sus vecinos europeos. En ese sentido, el sector denuncia el “freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales”.   

Aplazamiento

En este sentido, ¿es viable el aplazamiento del impuesto? A estas alturas del año parece imposible. Las grandes asociaciones del sector aseguran que ha habido interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero aunque se les ha escuchado, no creen que consigan hacerles cambiar de idea.

Y eso que hace justo un año se consiguió una moratoria. La comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados votó a favor de la enmienda del PP para dar una moratoria de un año al impuesto sobre los envases de plásticos no reutilizables. Moratoria que ya se termina este año con la entrada en vigor del impuesto el 1 de enero de 2023. 

Según la ley, la finalidad del impuesto es el fomento de la prevención de la generación de residuos de envases de plástico no reutilizables, así como el fomento del reciclado de los residuos plásticos, contribuyendo a la circularidad de este material. Sin embargo, para el sector es una medida con “finalidad recaudatoria”, explica Aurelio Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES). 

La posición de las empresas de gran consumo no es de oposición, ya que gran parte del sector ya aplica medidas dentro de sus estrategias anuales para tratar de reducir los envases plásticos, especialmente en los supermercados. Por ejemplo, Mercadona ya anunció una inversión de 140 millones de euros con el objetivo de reducir un 25% el plástico para 2025. Y cerveceras como Mahou o Damm retiraron las anillas de plástico por cartón biodegradable.