El Gobierno en Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas.
Todavía queda que finalice el periodo de información pública para el de las subastas renovables, el próximo 17 de julio, y a partir de ahí, se podría llevar la normativa a Consejo de Ministros.
Con ello, el Gobierno agiliza la tramitación de sendas normas, que contribuyen a dotar de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado de energías renovables que vivirá el sistema energético español en los próximos años.
El Real Decreto por el que se regula el régimen económico de energías renovables para futuras instalaciones de generación eléctrica concreta el nuevo sistema de subastas para facilitar la penetración ordenada de renovables en el sistema energético español.
Las nuevas subastas, que se convocarán mediante orden ministerial una vez quede aprobado el Real Decreto, podrán emplear, como producto subastado, la energía que la nueva planta ha de entregar al sistema, la potencia instalada o una combinación de ambos conceptos. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.
Puntos de acceso y conexión
En el caso del segundo Real Decreto por el que se regula el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas, la urgencia de su tramitación responde al mandato formulado por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Esta norma ha abordado la actual situación de los permisos de acceso y conexión concedidos con el objeto de evitar movimientos de carácter especulativo, que obstaculizan y encarecen los proyectos renovables firmes y solventes.
Además de establecer hitos temporales que, de no cumplirse, provocan la caducidad de los permisos ya otorgados, el Real Decreto-ley estableció una moratoria para que no se puedan adjudicar nuevos permisos de acceso y conexión en tanto no se apruebe una nueva regulación sobre este tipo de autorizaciones, que deberá vincular su concesión a la firmeza del proyecto.
Para ello, la norma da un plazo de tres meses tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), ambos con competencia en esta área.
Con el objeto de dar cumplimiento a este plazo, el Consejo de Ministros autoriza la tramitación de urgencia del Real Decreto que el MITECO ya está elaborando sobre este asunto y que someterá a exposición pública, para la recepción de aportaciones, próximamente.