Nada, a primera vista, parece salvar la fábrica de aluminio de San Cibrao (Lugo) de apagar las luces y echar el cierre. El grupo estadounidense Alcoa no acepta ninguna de las opciones que le presentan los compradores, Liberty House, una filial del macrogrupo industrial GFG Alliance, pero tampoco la de los gobiernos nacional y gallego. 

Así que la Xunta, los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, que están a una para tomar una última decisión en caso de que Alcoa no se atenga a razones, estudian nacionalizar la planta, para posteriormente vendérsela a Liberty House.

Y tendría posibilidades de salir adelante, porque una de las filiales de su grupo industrial, Simec, justo acaba de lanzar la mayor plataforma de venta de energía renovable para la industria electrointensiva del país, un plan industrial que respondería a los objetivos del Gobierno para hacer la transición energética. 

Nacionalizar la planta de Alcoa

Pero, ¿cómo se nacionaliza una infraestructura? "La Constitución, en su artículo 33.3, prevé la expropiación forzosa pero por una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización", explica a Invertia Lucía Goy Mastromiechele, socia directora del despacho Goy Gentile Abogados. "En este caso concreto de la planta de Alcoa en Lugo, el Gobierno tendría que alegar las razones de esa nacionalización, que es una expresión menos agresiva que la expropiación pero es lo mismo, y pagar un justiprecio por ello". 

En cualquier caso, "sí sería posible hacerlo porque se conocen casos en el pasado de expropiaciones no solo de infraestructuras concretas, sino también de una empresa en general, como fue el caso Rumasa en los 80".

Para ello, "es complicado llevar a cabo una nacionalización, no es de un día para otro, se basa en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, que se actualizó en 1999, pero por poder, se puede", concluye. 

Acuerdo Simec e IGNIS

Mientras el Gobierno central valora esta posiblidad, que ya lo adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo que le "consta" que el Gobierno de España y la Xunta de Galicia contemplan la opción de nacionalizar Alcoa, hay movimientos por parte de los compradores.

Coincidiendo con las negociaciones para quedarse con la planta de aluminio de Lugo, Simec, filial de GFC Alliance, y la desarrolladora de parques renovables IGNIS han anunciado una inversión conjunta para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de cerca de 1,2 GW de energía eólica y solar fotovoltaica.

"Respondería exactamente a las necesidades energéticas de la planta de aluminio de Lugo", explican fuentes sindicales de CCOO de Industria a este diario, "no hay que olvidar que la fabricación de aluminio es uno de los procesos más electrointensivos que hay en España".

Simec e Ignis prevén que tanto los proyectos de energía eólica como solar estén operativos en 2023. El desarrollo eólico estará ubicado en Galicia, mientras que los solares se desplegarán por todo el país.

No son nuevos en esto: la filial de GFC gestiona alrededor de 600 MW de capacidad de generación y está desarrollando 2 GW adicionales en plantas de energía renovable. Esto incluye un parque solar de 280 MW en Australia; un parque eólico terrestre de 160 MW en Escocia; y una instalación de conversión de residuos en energía en Gales.

Por su parte, IGNIS actualmente mantiene el mayor parque solar fotovoltaico de Europa de 725 MW, ubicado en Aragón. Además, IGNIS opera y da servicios de generación a 2,7 GW. Y cuenta con una cartera de desarrollo renovable de más de 10 GW.

PPA's electrointensivos

Esta 'joint venture' apoyará el plan de crecimiento de GFG Alliance en España, mediante una oferta altamente competitiva de acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) para la industria electrointensiva. Asimismo, empresas afiliadas de SIMEC, ALVANCE Aluminium y LIBERTY Steel están revisando importantes programas de inversión en diversas áreas.

"Esta 'joint venture' se alinea con nuestra ambición de ser neutrales en emisiones de carbono para 2030 y aportará enormes beneficios económicos, ambientales y sociales a la Comunidad Autónoma de Galicia y a España", ha dicho el presidente ejecutivo de GFG Alliance, Sanjeev Gupta. “Hemos demostrado nuestra capacidad para desarrollar, financiar y construir este tipo de proyectos en otros lugares del mundo y esperamos combinar nuestra experiencia con la de IGNIS para hacer lo mismo en España".

"Cuando esta compañía llegó a España interesada en comprar la planta de Alcoa en Lugo ya lo hizo con un plan industrial bajo el brazo", explican fuentes del sector industrial a Invertia, "los actuales propietarios llevan más de tres años sin hacer inversiones y sin buscar soluciones para rebajar sus costes energéticos". 

Sin embargo, todo apunta a que Alcoa nunca ha estado en disposición de vender. "Es un depredador industrial que no quiere competencia en el territorio español. Se quiere ir de aquí y quiere cerrar todas las plantas", dicen las mismas fuentes del sector.

Ahora le toca mover ficha al Gobierno, que está más unido que nunca a la Xunta de Galicia en salvar los más de 500 puestos de trabajo directos, otros tantos indirectos, y la riqueza económica de toda una comarca. "Y el 30% del PIB de Lugo", puntualizan.

"El Gobierno tiene una última carta bajo la manga, y es obligar a Alcoa, si quiere apagar las cubas, que antes limpie la laguna de lodos rojos que está a punto de colmatar, llena de sosa cáustica y metales pesados extremadamente contaminante", concluyen las fuentes.