El anteproyecto de Ley con el que el Gobierno pretende dar las suficientes señales de precio como para incentivar la transición energética tiene una consecuencia directa, la subida del precio de los carburantes.
El objetivo, según aparece en el borrador del Anteproyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), es que las primas que reciben más de 60.000 instalaciones en todo el país de renovables, cogeneración y residuos sean sufragadas por todas las empresas comercializadoras de energía.
Es decir, las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.
Tomando como referencia el año 2020, el coste de esas primas asciende a unos 6.393 millones de euros, y según el peso de cada uno de los sectores, los productos petrolíferos aportaría al FNSSE el 43,70%, unos 2.800 millones de euros, seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros).
Aportación al FNSSE
7 céntimos de euros más
"Si las comercializadoras de carburantes tienen que repercutir unos 2.800 millones de euros anuales, se podría decir que repostar supondría un encarecimiento de 7 céntimos de euro el litro", explican fuentes del sector de los hidrocarburos.
Si se hace el ejercicio con un depósito de 60 litros se eleva a 4,2 euros extra y con 55 litros de depósito el cálculo saldría por 3,85 euros extra.
Esto también tendrá implicaciones directas en el IPC. El precio de los carburantes influye en la inflación y en algunos meses incluso es hasta clave. Por ejemplo, durante el confinamiento por la pandemia, la caída del precio de los combustibles líquidos fue del 17,7%, la más pronunciada de la historia y de toda la cesta de la compra.
En este caso, presionaría al alza al experimentar una subida de los precios.
Aún así, el Gobierno señala en la Memoria del anteproyecto de Ley que "los impactos sobre los precios finales de los distintos combustibles dependerán del grado con que los comercializadores puedan optar por repercutir, en su caso, las obligaciones de aportación al FNSSE a dichos precios".
Y añade que "este efecto dependerá, a su vez, de la estructura de coste de cada sector, el grado de competencia local, regional y nacional, los márgenes de las actividades y las estrategias comerciales de los agentes".
Algunos coches circulando por el carril izquierdo de una autovía.
Cálculo del Fondo
El cálculo de las aportaciones, que se comunicarán en el último trimestre del ejercicio anterior serán proporcionales. Es decir, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, dependerá del volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales. En el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, del volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales.
Si se aprueba esta Ley, entraría en vigor como muy pronto en abril próximo, pero tendría una implantación progresiva a lo largo de los próximos cinco años. Según el Gobierno, será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico de las primas a las renovales, hasta ahora incluidos en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
Así, el texto prevé un calendario de cinco años hasta la implantación total del FNSSE, para facilitar la adaptación de todos los actores implicados.
El objetivo es que ese trasvase del importe de la retribución a las renovables sea proporcional, siendo el primer año del 20%, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% al quinto ejercicio.