La Comisión Europea ha autorizado este lunes el plan de ayudas diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez para las industrias electrointensivas. El régimen -que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022- cuenta con una dotación de 92 millones de euros al año y compensará hasta el 85% de los costes incurridos por las empresas intensivas en energía para financiar el apoyo a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia en España y la generación de energía en las islas.
El Ejecutivo comunitario ha examinado este plan con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas públicas, en particular, las directrices sobre las subvenciones para la protección del medio ambiente y la energía.
Estas directrices, que se han prorrogado hasta finales de 2021, autorizan la reducción -hasta un cierto nivel- en las contribuciones que gravan a las empresas electrointensivas en determinados sectores y expuestas al comercio internacional. El objetivo último es asegurar su competitividad a escala mundial.
Bruselas ha concluido que España sólo concederá esta compensación del 85% a las industrias electrointensivas expuestas al comercio internacional, de acuerdo con los requisitos de las directrices.
"La medida promoverá los objetivos de la UE en materia de clima y energía y garantizará la competitividad internacional de los usuarios e industrias electrointensivas, sin distorsionar indebidamente la competencia", asegura el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Sobre esta base, la Comisión ha decidido dar luz verde al plan español.
En conexión con este régimen, las autoridades españolas también han notificado a Bruselas un plan de concesión de garantías para avalar los contratos de compraventa de energía a largo plazo concluidos por industrias electrointensivas para electricidad procedente de renovables.
Se trata del denominado "Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas", cuyo objetivo es facilitar la producción de energía a partir de fuentes renovables.
El Ejecutivo comunitario también lo ha examinado con arreglo a las normas de la UE y ha llegado a la conclusión de que este plan no constituye una ayuda pública según la definición del Tratado.