El desarrollo fotovoltaico en España debería ser un bien social más que un negocio

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), en colaboración con El Español, ha organizado un debate sobre el "Presente, pasado y futuro de la energía fotovoltaica", en donde se ha destacado el valor de esta tecnología limpia para el desarrollo social en España. 

"El coste de 1 MW solar a día de hoy es el mismo que 100 kW de hace más de 10 años", explica Miguel Ángel Martínez- Aroca, presidente de Anpier. "Nuestra misión fue madurar esta tecnología y lo hemos hecho en tiempo récord, pero la mayor aportación de este colectivo social es que creamos una industria española puntera y que añadió prestigio a la marca España en todo el mundo".

Por eso, lamenta el resultado de todo ese esfuerzo. "Un drama retroactivo que nos llevó a 60.000 familias españolas, que destinaron todos sus ahorros e hipotecaron sus bienes para el desarrollo y generación solar, a la ruina para el resto de la vida útil de sus instalaciones".

En su lugar, “hay que reconocer, resarcir y compensar el daño que se ha causado a los pioneros en las instalaciones fotovoltaicas” mediante “un acuerdo global que restituya no solo a los inversores extranjeros sino también a los inversores nacionales”.

El presente, las subastas

Coincide esta jornada con el día después de la primera subasta de renovables de la 'era Ribera', donde se han adjudicado 2.036 MW a nuevos proyectos fotovoltaicos. 

"La subasta ha significado una concentración de actores, expulsando iniciativas sociales", señala Martínez-Aroca. 

"Con las nuevas tecnologías podemos transformar el modo en el que consumimos energía, pero la fotovoltaica debe tener la prioridad más absoluta", dice Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

"Los combustibles fósiles van quedando atrás, a pesar de que el cartel de la OPEP siga en su carrera inútil de controlar la producción de petróleo".

"El futuro es la electrificación, y es cierto que son muy interesantes las subastas pero tendría que haber habido una reserva de tipo social, y ahora más, que tanto se habla de la España vacía o vaciada", añade. 

De hecho, "tenemos un problema de espacio para los grandes parques fotovoltaicos. No deberíamos ir a grandes extensiones de miles de hectáreas, como algunos proyectos que prevén una ocupación de 10 o 15 km2. Es excesivo para el paisaje y tiene consecuencias para el medio ambiente". 

"La fotovoltaica hay que manejarla con visión democrática. El autoconsumo es una vía a desarrollar y no debería limitarla las imposiciones, porque sus aplicaciones son formidables, como en la agricultura".

"Hay que recuperar la naturaleza y la racionalidad", concluye. 

Más autoconsumo

"La fotovoltaica no debe ser solo una cuestión de reducir costes" apunta por su parte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. "Por un lado, la subasta es positiva porque hablar de renovables, y en concreto, de fotovoltaica, es hablar de electrificación de la demanda, de calidad del aire, de valor industrial, de capacidad de unir oferta y demanda, pero sobre todo, de dar autonomía al consumidor". 

Por eso, se pregunta "¿por qué producir la energía lejos si se puede hacer cerca? ¿por qué hacer grandes proyectos cuando se pueden hacer pequeños? Es que la fotovoltaica significa modularidad y no se debe ver la energía como un negocio sino como un bien social. 

Más aún. "No tiene sentido que en un país con casi toda la población que vive en pisos, no haya una regulación de autoconsumo compartido más desarrollada. Pensar solo en viviendas aisladas no ayuda". 

"La fotovoltaica es el futuro porque empodera al consumidor, pero no podemos olvidar que España ha sido el único país del mundo que impuso una moratoria retroactiva a esta tecnología. Tenemos un histórico muy negro pese a haber tenido una industria puntera en 2010".

El ejemplo europeo

Para Anpier, lo más grave es el agravio comparativo que sufren los pioneros de la fotovoltaica en España, abocados prácticamente a la ruina frente a estas empresas foráneas que sí han recibido sus compensaciones.

"En el ámbito europeo nos han dado un ejemplo de la vía que teníamos que seguir. Desde 2007 que se produce la integración de la política energética y climática, ha habido importantes cambios normativos", añade por su parte José Francisco Alenza García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra.

"La Ley del Clima que se prepara en Europa es el modelo del paso de una estrategia jurídica que avanza hacia la posibilidad de que unas leyes encaucen legalmente la problemática climática".

En España no fue tan claro. "Nos encontramos con esa gran injusticia que se cometió con la regulación retroactiva, y culpabilizaron a las energías renovables del déficit de tarifa". 

"Y además los tribunales nacionales no veían ningún problema en aplicar esa retroactividad. El agravio es constante cuando los laudos internacionales reconocen que era injusto. Y es evidente que lo que se aprobó en la moratoria estaba en contra de los principios de seguridad jurídica".

La consecuencia directa es "la discriminación de los pequeños productores españoles respecto a los internacionales", concluye coincidiendo con la afirmación de Miguel Angel Díaz Aroca de Anpier.