El caos y la especulación en la red eléctrica alcanzan niveles críticos con 16 GW de permisos concedidos sin usar

Actualmente, más de 16.000 megavatios (MW) de permisos de demanda concedidos en el pasado siguen sin utilizarse, y su estado es incierto, según fuentes del sector de la distribución eléctrica. Si bien algunos de estos proyectos pueden estar en construcción, muchos otros aún no han formalizado ningún acuerdo necesario para su ejecución.

Se incluyen aquí permisos que fueron otorgados a solicitudes duplicadas, es decir, cuando se han solicitado varios permisos para el mismo proyecto pero para diferentes puntos de acceso. Estas solicitudes no han sido notificadas a la Administración como canceladas, lo que significa que siguen bloqueando capacidad en la red, aunque el proyecto ya no esté en marcha. 

Las eléctricas reclaman elevar en más de 4.000 millones la retribución a las redes entre 2026 y 2031

También se encuentran en esta lista proyectos que han sido cancelados o abandonados por diversas razones, o simplemente proyectos que no han avanzado.

A la presión generada por los permisos concedidos sin ejecutar, se suma una avalancha de nuevas solicitudes de acceso. Entre 2020 y 2023 se han formulado solicitudes por más de 55.000 MW de potencia, de los cuales se han concedido unos 24.000 MW. Desde el sector, calculan que se ejecutará menos de una cuarta parte del total.

Acaparamiento de permisos

El año pasado el Gobierno introdujo en el RDL 8/2023 dos medidas para evitar el acaparamiento de permisos de conexión a la red eléctrica.

La primera medida establece que los proyectos grandes, como los de consumo elevado de electricidad (fábricas, grandes instalaciones) o de almacenamiento de energía, deben presentar garantías económicas.

Estas garantías son de 40 euros/kW para la demanda y 20 euros /kW adicionales para el almacenamiento. Si los titulares de los permisos no entregan las garantías dentro de un plazo de 6 meses, o no presentan la prueba correspondiente al operador de la red en otros 6 meses, los permisos serán revocados.

La segunda medida introduce la caducidad automática de los permisos de acceso a la red para proyectos con puntos de conexión en redes de alta tensión (≥36 kV). Si en el plazo de 5 años desde que se otorgó el permiso no se firma un contrato de acceso que utilice al menos el 50% de la capacidad asignada, el permiso caduca automáticamente. Para los permisos ya otorgados, este plazo comenzó a contar desde finales de 2023.

Jorge Gil / Europa Press

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Esta medida busca evitar que los permisos se queden bloqueados sin ser utilizados, liberando la capacidad para otros proyectos. Sin embargo, según advierten desde el sector, estas medidas han generado algunos intentos de eludirlas.

Por ejemplo, algunas empresas están solicitando permisos para redes de menor tensión (<36 kV), con el objetivo de evitar las garantías económicas y la caducidad automática. Además, el plazo de 5 años para la caducidad de permisos antiguos parece ser demasiado largo, lo que aún permite que se bloqueen recursos en la red para proyectos que no se llevan a cabo.

Desde el sector reclamar establecer un mecanismo transitorio para "limpiar" la gran cantidad de permisos de acceso de demanda ya otorgados en el pasado que llevan años bloqueando capacidad de la red, pero que no han sido utilizados ni ejecutados.

Solicitan también ampliar la exigencia de garantías económicas a todos los proyectos de demanda (aquellos que consumen electricidad) que se conecten tanto a media tensión como a alta tensión, no solo a los más grandes como en la normativa actual.

Además, proponen generalizar la caducidad del permiso para todos los proyectos de demanda, independientemente de si están conectados a baja, media o alta tensión. Esto implica que los permisos que no se utilicen o no avancen en un tiempo determinado se cancelarán de manera automática, lo que liberaría capacidad para otros proyectos.

Finalmente, el sector de la distribución reclama modificar algunos aspectos del esquema actual introducido por el RDL 8/2023, especialmente la obligación de contratar al menos el 50% de la capacidad de acceso concedida en el primer periodo tarifario para evitar la caducidad del derecho de acceso.

En concreto, quieren dar más flexibilidad en la elección del periodo tarifario, permitiendo que los proyectos se ajusten a las horas de menor demanda en la red (horas valle), como se sugiere en una reciente propuesta de Real Decreto sobre Suministro y Contratación. En su opinión, esto ayudaría a promover proyectos que no sobrecarguen la red en las horas punta.

Avalancha de nuevas solicitudes

Los cuellos de botella frenan los proyectos de inversión en industria y servicios, que podrían desarrollarse en España para aprovechar la disponibilidad de un gran volumen de energía renovable a precio competitivo, y que acaban en otros países.

Las distribuidoras señalan que es necesario duplicar o triplicar las inversiones, como reconoce el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este sentido, llevan tiempo presionando al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para eliminar el límite de inversión y, sobre todo, actualizar la tasa de retribución.

En concreto, las eléctricas reclaman una tasa de remuneración del 7,5%. Es decir, piden elevar en, al menos, más de 4.000 millones de euros la retribución para los negocios de transporte y distribución de electricidad de cara al siguiente periodo regulatorio (2026-2031).

Además, ponen el foco en la urgencia de eliminar los retrasos del modelo regulatorio de la distribución en España. Según reclaman, no tiene sentido que la retribución continúe sin aprobar hasta seis años después de que se hayan realizado las inversiones, o que se cuestionen inversiones y gastos cinco años después de haberse acometido.