El Gobierno agita a las eléctricas con los ‘beneficios caídos del cielo’: las nucleares podrían adelantar su cierre

La decisión del Gobierno de aprobar una ley para acabar con la sobrerretribución de las centrales eléctricas ya amortizadas, conocida como "beneficios caídos del cielo" o 'windfall profit', ha levantado ampollas en el sector eléctrico. Afirmar que las centrales nucleares (además de las hidroeléctricas) ya están amortizadas ha abierto la caja de Pandora de un sector que lleva años quejándose por la alta fiscalidad que soporta. 

"Un toque a la retribución de nucleares con esta posible propuesta podría arriesgar el protocolo firmado por las empresas con Enresa sobre el cierre ordenado de las plantas nucleares", señalan fuentes de las eléctricas. "Ni las nucleares ni las hidráulicas están amortizadas, precisan de cuantiosas inversiones anuales que hay que seguir amortizando", inciden.

Hace ya más de dos años, Endesa, Iberdrola, Naturgy, las propietarias de las centrales nucleares en España, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acordaron cerrar de forma escalonada las siete plantas en funcionamiento. Según ese plan, se clausurarán todas las centrales entre 2027 y 2035. 

Fiscalidad de las nucleares

Foro Nuclear, la asociación que representa a las centrales nucleares en España, lleva varios años alertando de que los números no salen, que las nucleares están sometidas a tributos e impuestos excesivos, una situación que estrangula al sector y que pone en riesgo la viabilidad de una tecnología que ahora mismo es clave en el mix generador. 

El coste total, excluido el coste de capital, de generar electricidad en una central nuclear en España asciende a 45 €/MWh, según fuentes del sector. Si el precio en el mercado mayorista de electricidad marca una media de entre 47,2 y 42,2 €/MWh, que es la media de los últimos años y sigue subiendo, podrían no salirles las cuentas a las propietarias de las centrales nucleares. 

El marco impositivo actual "se come" los márgenes del sector, entre un 40% y un 50% de los ingresos. Según los datos de la patronal del sector, las centrales soportan tasas sobre el valor de la producción eléctrica, la generación de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, tributos autonómicos y locales y tasas a la empresa pública que gestiona sus desechos, Enresa, y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Por ejemplo, en 2019, Iberdrola Generación Nuclear elevó casi un 150% sus pérdidas respecto a los 'números rojos' de 20,19 millones de euros de 2018, encadenando así su séptimo ejercicio consecutivo en negativo, según las cuentas remitidas al Registro Mercantil.

Si se aumenta su carga impositiva, sería la puntilla para amenazar con adelantar el cierre de las centrales nucleares. 

Cierre adelantado

Pero ¿podría acelerarse ese plan? La nuclear sigue siendo la primera fuente de generación (aportó el 22,2% del total en 2020, según REE), seguida de la eólica, como sucede en los últimos años. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se incluye la nuclear como tecnología de respaldo a medida que se van incorporando las renovables.

Un cierre adelantado lo verían positivo desde sectores ecologistas y de izquierdas, pero sería complicado de llevar a cabo teniendo en cuenta los plazos con los que juega Enresa en el desmantelamiento de las centrales. 

Además, "la posible propuesta parece que afectaría a tecnología no emisora de CO2 lo que estaría contra la lógica de incentivar esta tecnología en el marco del PNIEC", añaden las fuentes del sector eléctrico.

"Es una medida que supone una intervención en el mercado eléctrico que pone en riesgo el futuro del PNIEC", puntualizan.

Y advierten que "cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear e hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisora (introduciría una limitación de su competitividad)".

Inestabilidad regulatoria

La propuesta del Gobierno ha traspasado fronteras y, Kristian Ruby, el secretario general de Eurelectric, la patronal europea del sector, ha señalado que esta medida "preocupa mucho al sector eléctrico, ya que introduciría inestabilidad regulatoria y distorsionaría los incentivos de mercado adecuados para invertir no solo en renovables futuras, sino también para operar no existentes".

Aún así "la propuesta tiene un itinerario parlamentario por delante que no está siendo descontado por el mercado actualmente".

Un mercado que ha castigado a las eléctricas tras conocer la decisión del Gobierno. Solo ayer, lunes 31 de mayo, las grandes eléctricas perdieron casi 3.670 millones de euros en bolsa.

En concreto, Endesa, Iberdrola y Acciona fueron las empresas más castigadas en el Ibex 35 por el anuncio de esta medida. Los títulos del grupo dirigido por José Bogas, que es el primer operador de energía nuclear en España, fueron los más penalizados del selectivo español en la sesión, con una caída del 5,71%, para cerrar en los 22,3 euros y dejarse casi 1.430 millones de euros de capitalización.

Acuerdo PSOE-UP

Sin embargo, no debería haberles pillado por sorpresa. La reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos como windfall profits de estas tecnologías -hidráulica y nuclear- ya estaba incluida tanto en el acuerdo de PGE de 2018 como en el pacto de coalición para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Y en enero pasado, tras el aumento desmesurado del precio de la luz por la borrasca Filomena y las olas de frío posteriores, la ministra del ramo ya anunció que se tomarían medidas para evitar que situaciones como la de entonces volvieran a repetirse.

Incluso señaló que estaban trabajando en una reforma del mercado eléctrico que beneficiara a todos.

Y ya está en marcha parte de esa reforma: poner un techo a la sobrerretribución de las centrales previas a 1997 y en lo que se refiere al CO2, a todo lo anterior al 2005. Junto a ella, estará el Fondo de Sostenibilidad del Sistema (FNSEE), para trasladar parte de la retribución a las renovables a gasistas y petroleras. Otra medida polémica que irá de la mano del fin de lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo". 

En cuanto se conozca la letra pequeña de la normativa, el siguiente paso podrían ser los tribunales de justicia. No sería la primera vez.