Bruselas no incluye las peticiones de Sánchez en sus propuestas para rebajar el precio de la luz

Bruselas da largas a las peticiones de Pedro Sánchez para rebajar la factura de la luz. La Comisión Europea ha presentado este miércoles su esperada "caja de herramientas" para amortiguar el impacto del alza imparable de precios de la electricidad. Sin embargo, sus propuestas se limitan a un simple listado de medidas ya existentes que pueden adoptar los Estados miembros a nivel nacional (rebajas de impuestos y ayudas contra la pobreza energética) y no responden a la actuación contundente a escala de la UE que reclaman España, Francia, Italia o Polonia.

Sobre las demandas clave del presidente del Gobierno -reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y realizar compras conjuntas de gas-, apenas hay buenas palabras. El Ejecutivo comunitario se declara escéptico sobre la utilidad de estas iniciativas, pero anuncia que las estudiará, aunque sin compromisos concretos. Incluso si al final la Comisión cambia de idea, estas medidas llegarían ya tarde para la actual crisis: Bruselas espera que los precios empiecen a bajar a partir de abril de 2022.

El propio Sánchez ha vuelto a repetir sus exigencias a Bruselas este mismo miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Tenemos que reformar el mercado eléctrico a nivel europeo, tenemos también que mejorar la capacidad de negociación que tiene Europa respecto a quienes producen y exportan el gas natural y finalmente lo que tenemos que hacer es detener la especulación en los mercados de CO2", ha dicho el presidente en respuesta a una interpelación del portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Sin embargo, en su comunicación sobre la "caja de herramientas" para rebajar el precio de la luz, la Comisión se compromete únicamente a "explorar los posibles beneficios de la adquisición conjunta de reservas de gas por parte de entidades reguladas o autoridades nacionales con el fin de unir fuerzas y crear reservas estratégicas", sin asumir ningún compromiso concreto.

"La participación en el programa de compra conjunta sería voluntaria y el sistema debe estar estructurado de manera que no interfiera con el funcionamiento del mercado interior de la energía y respete las normas de competencia", prosigue el texto. El Ejecutivo comunitario adoptará una decisión final en diciembre, cuando tiene previsto presentar una propuesta legislativa sobre las reservas estratégicas de gas.

Pero la propia comisaria de Energía, la estonia Kadri Simson, se ha declarado escéptica sobre esta medida por "su complejidad y los obstáculos prácticos". Fuentes comunitarias sostienen que, si al final se lleva a cabo, la compra conjunta de gas tendría "un impacto muy pequeño" en la actual crisis. 

El modelo marginalista 

La propuesta estrella de España y Francia consiste en reformar el sistema europeo de fijación del precio de la electricidad, cuyo diseño marginalista provoca que sea la energía más cara (ahora mismo el gas) la que determine el precio de todas las demás. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se mostró partidaria la semana pasada de romper el vínculo entre el precio del gas y el precio de la luz. Pero su equipo ha dado marcha atrás y defiende a capa y espada el actual sistema.

"Existe un consenso general de que el modelo de precios marginales es el más eficiente para los mercados de electricidad liberalizados y el más adecuado para impulsar un comercio eficaz de la electricidad entre los Estados miembros en el mercado mayorista. También está hecho a medida para promover la integración de energías renovables, que hacen bajar los precios gracias a sus cero costes operativos", sostiene el documento de Bruselas. 

La única concesión del Ejecutivo comunitario hacia España y Francia es la promesa de elaborar un estudio "para evaluar los beneficios e inconvenientes del actual diseño del mercado eléctrico mayorista, entre otras cosas su capacidad para responder a  situaciones de extrema volatilidad de precios en los mercados del gas". El estudio será elaborado por la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER, por sus siglas en inglés) y sus recomendaciones están previstas para abril de 2022. Es decir, cuando la crisis de precios ya haya terminado. Habrá un informe preliminar para noviembre.

En cuanto a la especulación en los mercados de CO2, la Comisión niega que exista. "La formación de precios justos y la integridad del mercado europeo del carbono están garantizadas por un sólido régimen de supervisión que también se aplica a otros mercados financieros", sostiene Bruselas.

El 90% de las posiciones en el mercado corresponden a la industria y a bancos y sólo el 10% restante a fondos de inversión. Aún así, como gesto para Sánchez, el Ejecutivo comunitario pedirá a la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) que "refuerce todavía más la vigilancia de la evolución del mercado europeo del carbono".

Rebaja de impuestos

Bruselas sostiene que la actual crisis de precios es temporal y que la respuesta debe basarse por tanto en medidas nacionales a corto plazo que sean fácilmente reversibles. En primer lugar, la Comisión Europea sugiere a los Gobiernos que "reduzcan los tipos impositivos (a la luz) para los hogares más vulnerables, de forma limitada en el tiempo y selectiva". Además, pueden sacar de la factura los costes de las renovables y financiarlos a través de los presupuestos nacionales.

El segundo ámbito de actuación que privilegia el Ejecutivo comunitario son las subvenciones directas a los hogares en riesgo de pobreza energética y a las empresas más afectadas por la subida de la luz, eso sí, respetando las reglas de la UE sobre ayudas públicas. En este capítulo entrarían cheques de emergencia, aplazamientos en el pago de las facturas o prohibición de cortar la luz.

Estas medidas inmediatas pueden financiarse, según Bruselas, con los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión de CO2. Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de agosto de 2021, estos ingresos ascendieron en toda la UE a 26.300 millones de euros.

A la espera de que los precios empiecen a bajar en abril, la Comisión descarta que vaya a haber problemas de suministro durante el invierno. En la actualidad, los niveles de almacenamiento están ligeramente por encima del 75%. Esta cifra está por debajo de la media del 90% en los últimos años, pero la tasa de almacenamiento ha ido subiendo de forma estable desde el verano.