ERC deja a Sánchez en manos del PNV para sacar el primer decreto contra los beneficios de las eléctricas

Se trata de unas medidas que abrieron la caja de los truenos al incluir un 'hachazo' a la retribución de las eléctricas, encendiendo la guerra contra el Gobierno. Ahora todo depende de si PNV lo apoya, decisión que -al cierre de esta edición- podría estar más cerca del no.

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica apuntaba directamente a la línea de flotación del beneficio de las eléctricas al obligarlas a devolver unos 2.600 millones de 'retribución sobrevenida' por los altos precios del gas y sobre la fiscalidad en la factura. Los llamados 'beneficios caídos del cielo'. 

Una cifra que, con el rally sin fin de esta 'commodity', podría ser muy superior según la agencia de calificación crediticia S&P Global. En concreto, sumaría un recorte en los beneficios de las compañías eléctricas de cerca de 3.200 millones de euros, y podría ser mayor con los precios actuales del mercado gasista. 

Convalidación, en el aire

Su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre permitió su entrada en vigor con la publicación del BOE, pero ahora podría dejar de estar en activo. Algo que ha ocurrido pocas veces cuando se trata de un Decreto Ley promovido por el Gobierno. 

Sumando todas las fuerzas representadas en el Parlamento, el Gobierno (PSOE-UP) no podrá sacar adelante sus medidas si solo cuenta con el apoyo de todos los regionalistas (Teruel Existe (1), Partido Regionalista de Cantabria (1), Bloque Nacionalista Galego (1), Navarra Suma (2), CCa-PNC-NC (2), CUP-PR (2), Más País (3) y EH Bildu (5)).

Necesita más apoyos. Sin sus socios catalanes, ERC (13), que ya han dicho que van a votar que no, ni Cs (10), "que no lo va a apoyar", o la abstención de PDCat (8), además de la negativa segura de Vox y PP, todo queda en manos de los 7 diputados de PNV.

Según ha podido saber este diario, "la decisión aún no está tomada", quieren "asegurarse" de que no se eleva la factura a la industria. Un aviso que ha incomodado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado a decir en el Congreso que "aclarará y precisará lo que haga falta" del decreto de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas. 

Sin el apoyo de Europa

Y si en las Cortes españolas podría no contar con el suficiente apoyo, en Bruselas, la negativa ha sido más evidente. 

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha contestado a los periodistas durante una rueda de prensa que "en España se ha impuesto ahora una ley para apoyar a los consumidores, pero cualquier propuesta que se dirija sólo a determinadas instalaciones de generación, tendrá que ser objeto de un análisis en profundidad por la Comisión".

Además, Bruselas da largas a las peticiones de Pedro Sánchez para rebajar la factura de la luz. La Comisión Europea ha presentado su esperada "caja de herramientas" para amortiguar el impacto del alza imparable de precios de la electricidad, pero no responden a la actuación contundente a escala de la UE que reclaman España, Francia, Italia o Polonia. Se propone la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad y las compras conjuntas de gas.

Una posición que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, piensa "es incongruente" con lo que la Comisión reconoce, el impacto del precio del gas "por encima de cualquier estimación", a unos niveles equiparables a los de la crisis del petróleo de la década de 1970 del siglo pasado. A juicio de Ribera, "no abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos, con medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos por delante".

Si no se aprueba finalmente el RDL 17/2021 tampoco saldrán adelante otras medidas incluidas, además del recorte a los beneficios de las eléctricas. No se ampliará la protección a las familias vulnerables, ni las rebajas fiscales, como la reducción del IVA (10%), la suspensión del impuesto a la generación (7%), o la de la electricidad (0,5%). Tampoco se creará un segundo mercado de compraventa de electricidad a otros precios o la ampliación de lo recaudado en el mercado de CO2 para abaratar los costes de la factura eléctrica.