El Gobierno defiende el ritmo de los trámites para eólicas y solares y así conciliar con el mundo rural anti-renovable
Una de las demandas del sector renovable es que los trámites administrativos no sean obstáculo para llegar a tiempo a los plazos para finalizar los proyectos.
21 octubre, 2021 05:30Noticias relacionadas
Las empresas de renovables ganadoras de las subastas viven bajo la presión de cumplir plazos de finalización de proyectos. Para lograrlo es necesario contar con los trámites administrativos que permiten su construcción. Un cuello de botella para el sector que ha pedido en varias ocasiones que se tomen medidas para agilizarse. Sin embargo, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a EL ESPAÑOL-Invertia, "es importante tener en cuenta a los habitantes de los territorios rurales".
"Hay que agilizar los trámites administrativos, pero a la vez hay que ser muy cuidadosos con el territorio. Muchas veces, cuando se quiere desarrollar un gran proyecto renovable en un lugar en concreto, los vecinos de los pequeños municipios de los entornos rurales se ponen nerviosos", señala la ministra.
"Y creo que, aunque lo habitual es que las cosas se hagan bien, a veces sienten una presión muy grande, al aparecer de repente promotores con grandes proyectos en simultáneo". En su opinión, "no hay ni tiempo ni capacidad de analizar qué significa".
Cumplir hitos
No piensan lo mismo en los sectores fotovoltaico y solar. Aseguran que "muchas veces lleva más tiempo el conseguir una licencia que la construcción del proyecto en sí". Una situación que hace muy compleja la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Los trámites que se necesitan para llevar a cabo la construcción de un nuevo parque renovable no solo son las licencias, sino también las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
"Se necesita reducir en el ámbito de la Administración General del Estado, los plazos de resolución del órgano ambiental en las distintas fases procedimentales", señalan fuentes jurídicas.
Y eso que hace casi un año el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un decreto para la modernización de la Administración Pública. En él se reducía el plazo de elaboración de los documentos, que pasa de tres a dos meses. También se reducía el plazo para la realización de las consultas previas para la determinación del alcance del estudio ambiental estratégico por el órgano competente, que pasaría de cuarenta y cinco a treinta días hábiles.
Premura en los plazos
Precisamente una de las razones por las que la última subasta de renovables lanzada por el Gobierno no ha tenido éxito ha sido por lo ajustado de los plazos para poner en marcha los proyectos comprometidos.
"Algunas de las empresas ganadoras no van a llegar a la fecha de vencimiento obligado", explican fuentes del sector eólico a este diario. "No hay tiempo material para el desarrollo. Entre conseguir el punto de acceso y conexión, la declaración de impacto ambiental, las licencias necesarias... Eso sin contar con el problema de desabastecimiento de materias primas que se vive actualmente", insisten.
Sin embargo, para la vicepresidenta Teresa Ribera es más importante "encontrar el equilibrio entre promotores y vecinos. Hay que poder garantizar que se es respetuoso, riguroso y, al mismo tiempo, buscar los consensos sociales y la compatibilidad de las actividades"
De lo que se trata, insiste, es de "evitar que se viva como una presión o una carga. Hay que trabajar mucho en ese diálogo". En su opinión, "es una posición legítima por parte del mundo rural".
Ola rural antirrenovable
Se refiere a las protestas de determinados sectores rurales se extienden por la geografía española ante la proliferación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos. Entre sus reivindicaciones está el impacto paisajístico o contra la fauna local y la falta de generación de riqueza.
Esta ola de movimientos ya tienen algunos nombres como Alienta (Alianza Energía y Territorio) o Renovables sí pero así no, Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, y así un suma y sigue.
Todos ellos coinciden en que la transición energética y los objetivos del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) que prevé la construcción de 57 GW renovables en los próximos diez años no se puede hacer sin un control.