Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el no cumplimiento de la normativa supone que la Administración "ha incautado o está a punto de hacerlo" 97,94 millones de euros en avales.

Para participar en las subastas, el requisito es que las empresas tengan que depositar una garantía financiera, que en las subastas de 2017 fue de 60.000 euros por MW de potencia de los proyectos y en la de 2016 de 20.000 euros/MW. El objetivo era devolver progresivamente esa cantidad mientras los desarrolladores de los proyectos cumplían hitos administrativos. 

Subasta de 2016

En 2016, el Gobierno lanzó la primera subasta de renovables. Entonces se convocó para otorgar 500 MW eólicos, 200 MW de biomasa y 20 MW de otras tecnologías. Como el aval era de 20.000 euros por MW, se depositaron unos 14 millones de euros en total, pero no había hitos intermedios para su devolución, solo el plazo límite para construir las instalaciones: marzo de 2020.

Según la información del MITECO, de los ganadores de las subastas (720 MW), se construyeron en plazo 677 MW y no se construyeron 22 MW. En total, "se han incautado o están en trámite de incautación 0,44 millones de euros en garantías".

El gran ganador de aquel año fue un por entonces desconocido Forestalia y su hermano Grupo Jorge. Entre los dos arrasaron con un total de 510 MW, el 72%. De los 500 megavatios eólicos la familia Samper se hizo con 402 MW, el resto fue biomasa.

Subastas de 2017 

En 2017 se celebraron dos subastas de renovables en las que se adjudicaron 8.136 MW entre proyectos eólicos y fotovoltaicos. Para participar en las pujas, las empresas tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia de los proyectos. En esta ocasión, eran avales que se iban recuperando poco a poco en función de cumplir ciertos hitos.

El primero de estos hitos, a los seis meses del concurso, era la identificación de la potencia obtenida en la subasta con proyectos concretos, algo sencillo de hacer porque todos los adjudicatarios consiguieron hacerlo. Y por tanto, se hizo la devolución parcial del aval de 12.000 euros por MW.

El segundo plazo vencía al año de la adjudicación, o en mayo o en julio según la subasta ganada. Entonces se debía haber obtenido la autorización administrativa para la construcción de las plantas identificadas. En el caso de que se consiguiera, se podría solicitar otra devolución parcial del aval, en este caso de 18.000 euros por MW.

Por último, el tercer hito finalizó en 2020. Si se inscribía en el registro correspondiente se podría recuperar los últimos 30.000 euros por MW. De acuerdo con los datos de Transición Ecológica, en estas dos subastas, los logros han sido muy dispares, teniendo más éxito de conclusión los proyectos solares que los eólicos.

Se adjudicaron 4.109 MW fotovoltaicos y 4.107 MW eólicos. En la primera subasta, en mayo de 2017, se adjudicaron 3.000 MW (casi todos eólicos) y, por tanto, se depositaron 180 millones de euros en garantías.

Se construyeron en plazo 1.760 MW, y construidos fuera de plazo (y por tanto, pierden el régimen regulado), 1.154 MW. Solo 86 MW no fueron construidos, así que "se han incautado o están en trámite de incautación 38,6 millones en garantías", según el documento del Ministerio.

Y en la segunda subasta, en julio de 2017, se adjudicaron 5.136 MW y el monto total de las garantías depositadas fue de 308,2 millones de euros. Del total, construidos en plazo fueron 3.744 MW, construidos fuera de plazo (así que pierden el régimen regulado), sumaron 686 MW y no construidos, 705 MW.

Con estos datos, el Gobierno calcula que "se han incautado o están en trámite de incautación 58,9 millones en garantías".