El pleno de la Eurocámara ha vivido este miércoles una sesión bronca y caótica como pocas. La gran coalición que sostiene a la Comisión de Ursula von der Leyen -formada por populares, socialistas y liberales europeos- se ha roto durante la votación del paquete legislativo sobre el clima (Fit for 55, en jerga bruselense). Un arsenal normativo cuyo objetivo es garantizar que la UE cumpla su objetivo de reducir un 55% sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y alcance la neutralidad climática en 2050.

La pelea se ha iniciado a cuenta de la reforma del mercado europeo de CO2, que impone topes a las emisiones de alrededor de 10.000 plantas industriales en toda la UE. Las fábricas que superan el límite asignado deben comprar permisos extra en el mercado, mientras que las menos contaminantes pueden vender sus excedentes. No obstante, el sistema prevé un paquete de derechos gratuitos para dar más tiempo a las compañías a adaptarse.

La reforma, tal y como se aprobó en el comité de Medio Ambiente de la Eurocámara el pasado 17 de mayo, preveía suprimir todos los derechos gratuitos de aquí a 2030 con el objetivo de acelerar la reducción de emisiones. Sin embargo, en el último momento los populares han introducido una enmienda para prorrogar el periodo transitorio hasta 2034. El cambio ha salido adelante con el apoyo de los liberales y de la derecha radical.

La aprobación por sorpresa de esta enmienda ha enfurecido a los socialistas europeos. Su presidenta, Iratxe García, ha solicitado entonces un tiempo muerto a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Una pausa de tres minutos en la que el grupo socialista ha decidido cambiar el sentido de voto que había previsto inicialmente: del sí al no.

También han votado en contra los verdes y la izquierda radical al considerar que se rebajaba en exceso la ambición de la reforma. Lo mismo ha hecho la derecha radical, aunque por motivos opuestos: por rechazar cualquier endurecimiento del mercado de CO2.

El resultado es que la posición de consenso que la Eurocámara había construido trabajosamente durante los últimos meses ha sido rechazada en el pleno por 265 votos a favor, 340 en contra y 34 abstenciones. Al decaer la reforma del mercado de CO2, la Eurocámara ha aplazado también la votación de la nueva tasa al CO2 en frontera y del fondo contra la pobreza energética, puesto que las tres iniciativas están relacionadas. Los expedientes vuelven ahora al comité de Medio Ambiente, que deberá buscar de nuevo una posición común.

El paquete Fit for 55 tiene que ser aprobado mediante un acuerdo entre la Eurocámara y los Gobiernos de los 27. Bruselas presentó las propuestas originales hace ahora un año. El caos en la votación de este miércoles significa que el Parlamento Europeo aplaza su posición, lo que a su vez retrasará el compromiso final y la entrada en vigor de la nueva legislación.

El fiasco de la votación ha provocado un cruce de reproches entre populares, socialistas y liberales, que se acusan mutuamente de votar al lado de la derecha radical. "No pueden pedir el voto a la extrema derecha para rebajar las ambiciones y luego pedirnos a nosotros que votemos eso", ha alegado García para justificar el voto en contra del grupo socialista.

"El PP ha votado junto a la extrema derecha enmiendas que han debilitado significativamente el acuerdo. Pero la respuesta del pleno ha sido clara: el conjunto de fuerzas progresistas no vamos a aceptar una propuesta que nos aleja del objetivo de 1,5 grados fijado en el acuerdo de París", sostiene el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun.

"Los socialistas han votado con Vox contra los consensos en Europa necesarios para luchar contra el cambio climático de manera sostenible. Una sostenibilidad medioambiental, pero también económica y social, tres patas por las que hemos luchado a la vez y una extraña coalición entre la extrema derecha y la izquierda las ha derrotado", ha replicado el portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano.

"Los socialdemócratas y los verdes no han estado a la altura de su responsabilidad en la protección del clima", asegura el portavoz de Medio Ambiente del grupo popular europeo, Peter Liese. A su juicio, la ambición extra que reclamaban los socialistas no era realista en un momento en que la UE sufre el impacto de la guerra en Ucrania y quiere desengancharse del gas ruso.