La finalidad última del encuentro es cerrar una lista corta de iniciativas urgentes que reúnan el máximo consenso. Un catálogo que debe servir de orientación para el equipo de Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión tiene previsto aprobar las primeras propuestas legislativas el próximo martes 13 de septiembre.

Sin embargo, los Estados miembros están profundamente divididos sobre las medidas que hay que adoptar. Por ello, la UE renuncia a las iniciativas más radicales, como una intervención de precios, que sigue siendo tabú para Alemania o Países Bajos. De ahí la negativa a generalizar en toda Europa la "excepción ibérica" que aplican España y Portugal.

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En su lugar, los Veintisiete ultiman un acuerdo de mínimos para recortar el consumo de luz, en particular en las horas pico, según varias fuentes consultadas. Pero tampoco se ponen de acuerdo en si la reducción debe ser obligatoria o voluntaria.

La UE atraviesa una tormenta perfecta en materia energética. Por un lado, el Kremlin está usando el gas como instrumento de chantaje para que los europeos dejen de apoyar a Ucrania. A ello se suma la sequía (que ha llevado a mínimos la generación hidroeléctrica) y el cierre de la mitad del parque nuclear de Francia por motivos de mantenimiento. 

El resultado es que los precios de la energía se han disparado a niveles "exorbitantes", que alimentan la inflación y amenazan la competitividad de las empresas europeas. Los dirigentes comunitarios temen además que la crisis energética provoque "tensiones sociales" en toda Europa. De ahí la urgencia de adoptar medidas coordinadas.

El problema es que los Estados miembros no se ponen de acuerdo en cuáles deben ser estas medidas. Del plan de cinco puntos propuesto por la presidenta de la Comisión (que ya era de por sí muy modesto), sólo hay tres iniciativas que cuentan con un apoyo amplio, de acuerdo con las fuentes consultadas.

¿Obligatorio o no?

La primera es precisamente la reducción del consumo de electricidad, siguiendo el modelo que se aprobó en julio para el gas. El Ejecutivo comunitario plantea un recorte medio obligatorio del 10%, con un objetivo específico de al menos el 5% en las horas pico, cuando el sistema está más tensionado.

"Queda mucho por discutir: las medidas voluntarias tendrán mucho apoyo en el Consejo, pero puede haber bastantes países que se resistan a aprobar medidas obligatorias", avisa un diplomático. La solución de compromiso podría ser un sistema en dos fases: inicialmente optativo, pero que se convertiría en vinculante si la situación empeora. Y con múltiples excepciones según la situación de cada Estado miembro, como se ha hecho con el gas.

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La segunda medida que genera un consenso creciente es el tope a los beneficios de las renovables, la nuclear y el carbón. Los ingresos que los Estados miembros recauden con esta iniciativa deberán destinarse a dar ayudas directas a los hogares y empresas más afectados por la crisis energética. El Ejecutivo comunitario ha planteado un tope de 200 euros por megavatio hora (MWh).

Alemania está a favor de esta medida precisamente porque no supone ninguna intervención de precios. La luz seguirá estando muy alta, lo que servirá de incentivo para reducir su consumo, alegan en Berlín. Por su parte, Holanda asegura que su mercado está tan liberalizado que no podría aplicar este tope, pero no se opondrá a que lo hagan otros Estados miembros siempre que haya la suficiente flexibilidad.

La tercera medida que suscita un amplio consenso consiste en dar ayudas públicas para garantizar la liquidez de las comercializadoras de energía que se han visto golpeadas por la extrema volatilidad de precios. La tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías de petróleo y gas no se ha discutido a nivel de embajadores, pero hay muchos Estados miembros que ya han aprobado o están discutiendo un impuesto de este estilo.

Tope al gas ruso

Del menú de Von der Leyen, lo que genera más controversia es la propuesta para establecer un precio máximo al gas importado de Rusia. Una idea apoyada por Polonia o los bálticos, pero a la que se resiste entre otros Alemania. Vladímir Putin ya ha avisado de que no venderá gas a ningún país que imponga este tope. "No creo que haya mayoría a favor de esta opción ahora mismo", asegura un alto diplomático.

Los ministros discutirán también la posible suspensión temporal del mercado de emisiones de CO2. Una medida que reclama Polonia pero a la que se oponen la mayoría de Estados miembros, entre ellos España, porque pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defenderá las bondades de la "excepción ibérica", que considera que es exportable al resto de la UE. Un mecanismo que ha permitido rebajar el precio de la luz sin coste presupuestario, ya que se paga con un recargo en la factura de los beneficiarios.

También Francia apoya ampliar a toda la UE la "excepción ibérica" porque considera que esta solución "tiene una ventaja, y es que actúa sobre el precio del mercado". Se diferencia así de las ideas de Von der Leyen, que a juicio del Gobierno de Emmanuel Macron no son suficientemente ambiciosas. 

Sin embargo, el propio Gobierno de Pedro Sánchez admite que la generalización del tope al precio del gas utilizado para generar electricidad no tienen ninguna posibilidad de prosperar, al menos a corto plazo: "No está maduro, un acuerdo a 27 es muy complicado".

De las medidas actualmente en debate, la que más afectaría a España es el recorte del consumo de luz. Nuestro país ya aplica un tope a la remuneración de las renovables y las nucleares y Sánchez ha anunciado una tasa a las compañías petroleras y de gas. Independientemente de lo que se decida en la UE, la "expeción ibérica" seguirá vigente hasta junio de 2023, ya que cuenta con el visto bueno de Bruselas.