Para ello, se crearía una Comisión Nacional de la Energía, que actualmente está integrada en la CNMC, para que se encargue exclusivamente de estos temas, con el nombramiento, por tanto, de nuevos consejeros para ello.

Un plan que está defendiendo muy activamente en redes sociales Mariano Bacigalupo, hasta hace dos años consejero de la sala de supervisión regulatoria de la CNMC, pero que actualmente es consejero de la CNMV (Consejo Nacional del Mercado de Valores).

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El también marido de la vicepresidenta tercera en funciones y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido las bondades de crear esa Comisión Nacional de Energía publicando su postura al respecto.

"Los modelos integrados con 'sesgo hegemónico' de los ámbitos integrados propenden a desdibujar y debilitar las áreas 'minorizadas' y no suelen dar muy buenos resultados", ha dicho en LinkedIn.

"En la UE, tres de 27 Estados miembros han optado por autoridades integradas de regulación y competencia", y por tanto, sostiene que "no toda autoridad integrada lo es real o materialmente (en ocasiones se trata más bien de una agregación o yuxtaposición de autoridades diferenciadas)".

Así que "no es casualidad que todos los reguladores sectoriales se opusieran en su día a la integración y que hoy la CNMC defienda el modelo integrado".

Llegada de Cani Fernández

No es la primera vez que salta la polémica en esta institución reguladora. Comenzó con el nombramiento de su presidenta, Cani Fernández, en junio de 2020.

Era la candidata propuesta desde Moncloa, ya que trabajaba como asesora de Iván Redondo, entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. Un perfil que no era el favorito de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera.

Y ocho meses después, en su primera comparecencia como presidenta en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2021, se constató que iba por libre. Acusó la falta de independencia funcional del organismo y pidió que se modificara la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y su Estatuto para poder llevar a cabo un cambio en el seno de la institución.

El objetivo de Fernández era gozar del grado de autonomía del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Prieto vs. Samaniego

Dos años después, volvieron a saltar las alarmas cuando en 2022 Bacigalupo abandona la CNMC y se incorpora como consejero a la CNMV. Lo releva María Jesús Martín, hasta entonces directora de Energía en el propio organismo, dejando vacante un puesto esencial para el control de las políticas energéticas del Ministerio para la Transición Ecológica.

La sala del superegulador nombró a Rocío Prieto, hasta entonces subdirectora de Gas Natural del organismo, como nueva directora de Energía, a propuesta de la presidenta Cani Fernández. También contaba con el apoyo del equipo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, de quien depende orgánicamente la CNMC.

Pero a esta convocatoria se había presentado también María José Samaniego, subdirectora de Energía Eléctrica desde el pasado año. El perfil de Samaniego era del agrado del Ministerio para la Transición Ecológica y de Teresa Ribera, pero no pudo alzarse con la victoria. Le superó en votos Rocío Prieto.

"No es un secreto la falta de sintonía entre el organismo que preside Fernández y la cartera de Ribera", explican fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia. "Si se crea una Comisión de Energía, independiente de la CNMC, es posible que se destense la relación entre ambas lideresas, que ya no chocarán por el conflicto de intereses".

La CNMC se creó hace diez años, precisamente al integrar todos los organismos que existían de los sectores regulados. Esto es, en el de energía, telecomunicaciones, sector postal, medios audiovisuales y transporte ferroviario y aeroportuario. Si finalmente Pedro Sánchez consigue los votos necesarios para una nueva legislatura, el sector energético tendrá su propia Comisión supervisora.