Lo hace por un llamativo desembarco. Acaba de comenzar a operar en Andalucía Delcae, una empresa que destaca por ser la primera independiente dedicada a los CAE y también por quienes la respaldan: entre sus accionistas hay exdirectivos de Acciona y el ex consejero delegado de Unión Fenosa Honorato López Isla, presente a través de su empresa, Energy Lab.

El equipo de Delcae, compuesto por menos de una decena de personas, ha emitido ya su primer certificado en la región, un proyecto de servicios energéticos que Ferrovial ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla y que supone 1,9 GWh de ahorro, un primer paso en el mercado andaluz, que ven astronómico.

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Creen, de hecho, que la comunidad supone un mercado potencial de 3.000 millones hasta 2023, casi el 14% del valor que ven al negocio a nivel nacional y que calculan tomando como referencia la cotización actual media del megavatio de ahorro energético. El pedazo andaluz del pastel es lo suficientemente sugerente como para desembarcar aquí poco más de medio año después de fundarse, y tras hacer operaciones también en Valencia y País Vasco.

En el sur han empezado con Ferrovial y ven gran oportunidad en las cooperativas agroalimentarias, un gigante en la región que en algunos casos, como Covap, superan los 1.000 millones de facturación; pero también está creciendo considerablemente la industria en Cádiz, seducida por el promesa del hidrógeno verde, así como la industria química de Huelva.

Un nuevo negocio

"Está claro que el dinero se lo va a llevar quien más certifique", comentan desde la empresa, busca diferenciarse remarcando que, a diferencia de otros competidores, no tienen lazos con consultores que puedan supone algún conflicto de interés.

Por ahora, tras el certificado a Ferrovial, buscan aumentar los contactos con las empresas de mayor tamaño en la región-en torno al 90% de las sociedades de Andalucía son pymes-. Ya han hablado con Persán, a quien también rondan otros competidores, y asumen que les quedan por delante bastantes horas de pedagogía.

Porque el CAE es un negocio tan joven que casi no se conoce. Todo comienza con la Directiva europea 2023/1791, una disposición legal obliga a España a alcanzar un ahorro acumulado de 53.593 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) entre 2021 y 2030.

Esta directiva fue traspuesta a la legislación española a finales de 2023 y con ello nació el sistema CAE, que busca incentivar el ahorro energético monetizándolo. En esencia se compone de dos figuras legales. Por un lado el sujeto obligado, empresas productoras y comercializadoras de petróleo, gas y electricidad, que son quienes deben comprar estos certificados de ahorro o, en su defecto, contribuir con cantidades asignadas anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

La segunda figura es el sujeto delegado, aquel que está oficialmente acreditado para certificar los ahorros de empresas y particulares, como Delcae. En pocas palabras, las empresas venden su ahorro energético a Delcae, que emite el certificado y posteriormente vende esa certificación a las comercializadores, que cumplen así con sus obligaciones. En esa trasacción está el negocio de los CAE.

Sólo este año, las compañías productores y comercializadoras tendrán que justificar en CAE 795 millones de euros o, en su defecto, ingresar esta cantidad en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es por tanto un año de oportunidad para los intermediarios, que ascienden a una treintena en nuestro país.

6 millones de facturación

El sistema, en fin, tiene una cierta similitud con el mercado de derechos de emisión de CO2. Los responsables de Delcae confían en diferenciarse también por el plazo en el que se comprometen a pagar a quienes les vendan ese ahorro energético: dos meses, el plazo necesario para pasar los controles del gobierno autonómico, en este caso la Junta de Andalucía, y luego el Ministerio.

Por ahora, los esfuerzos se centran también en tejer alianzas con colaboradores que les permitan hacer esa pedagogía entre las empresas y cooperativas andaluzas. Contar qué hacer y qué consiguen: sostienen que los certificados cubren de media entre el 10% y el 30% de la inversión acometida para lograr ese ahorro energético. Y ahí entra todo, hasta reformas de envolvente de edificios acometidas por comunidades de propietarios.

Sus objetivos para este año en Andalucía: alcanzar los 50.000 MW de ahorro y una cifra de facturación superior a los 6 millones de euros.