Los acreedores han identificado nuevos activos por valor de 5.000 millones de euros que podrían ser embargados por los laudos, pero prefieren negociar con el Estado español para llegar a un acuerdo entre ambas partes. 

Aunque los representantes legales de estas empresas aseguran que todavía no pueden compartir detalles sobre este listado, sí revelan que hay un activo embargable de propiedad estatal valorado en 1.000 millones de euros.

El inventario que han elaborado también recoge un activo más de 600 millones de euros, ubicado en Estados Unidos; otro de 400 millones, en Reino Unido, y un portfolio de inmuebles distribuido en ocho países por valor de 100 millones.

La lista incluye participaciones, sociedades públicas, sociedades privadas con participación pública, derechos de cobro, recibos y flujos de pago que son potencialmente embargables.

"Pero nuestra postura es clara, queremos buscar soluciones para no tener que recurrir a este tipo de situaciones", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia un portavoz en España de las empresas demandantes.

Los representantes legales de los acreedores manifestaron este jueves en Madrid su intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno español, en el marco de la III Conferencia internacional sobre energía renovable, inversión y seguridad jurídica.

Acuerdo

"Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo que permita la reinversión verde en España y que ponga fin a los laudos", afirmaron.

Ashley Messick, directora general de Investigaciones Globales de JS Held,
detalló en el evento el proceso de rastreo para identificar activos españoles en el extranjero que pueden ser embargados para compensar a los inversores afectados.

En este sentido, destacó algunos casos ya conocidos, como la indemnización del caso Prestige, la filial de Navantia en Australia y varios activos inmobiliarios como el Instituto Cervantes en Londres y la Escuela Internacional Vicente Cañada.

También mencionó la situación en Estados Unidos, donde hay una docena de procedimientos de ejecución abiertos, así como en Australia y el Reino Unido.

33 casos

De los 33 casos cerrados por los laudos en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, España ha perdido 26 y ha conseguido anular tres. Todavía está pendiente la resolución de otros 17.

"Nunca vamos a poder hablar con una sola voz, porque en realidad hay 26 voces representadas. Son situaciones casuísticas muy distintas, pero esta propuesta cuenta con el visto bueno del equivalente al 80% de la deuda", dijeron sus representantes.

Dentro de este grupo de empresas con indemnizaciones reconocidas se encuentran EO.N (300 millones de euros), NextEra (290,6 millones), Eurus (106,2 millones), PV Investors (91,1 millones), SunFlower (47,3 millones) e Infrared (28,2 millones), entre otras.

Estas empresas denuncian que España tiene una deuda con ellas de 1.870 millones de euros en total. Según los abogados, de esta cifra, 1.562 millones corresponden al total de indemnizaciones en fallos contra España.

Estos laudos llevan aparejada una serie de costes dinámicos de 309 millones de uros, que son intereses de demora y condenas en costas impuestas a España. 

Nick Cherryman, abogado experto en Litigación Internacional y Arbitraje del bufete neoyorquino Kobre & Kim, señaló en la conferencia la dificultad de tratar el asunto de los arbitrajes con España. "El país no respeta el derecho internacional", denunció.

Mencionó el caso de los inversores a quienes representa, que apostaron por una explotación de energía renovable en Granada bajo un régimen especial y atractivo diseñado para mitigar los riesgos de una inversión considerada arriesgada.

Por su parte, el Gobierno de España ha defendido ante estos litigios que los pagos de los arbitrajes podrían violar el derecho de la Unión Europea y constituir una ayuda estatal ilegal incompatible con el mercado interno. 

De esta manera, cuando España recibe un laudo que reconoce una indemnización, debe notificarlo a Bruselas y no puede realizar el pago hasta que la Comisión Europea emita su decisión. Algo que no habría ocurrido. 

Lena Sandberg, abogada de Gibson, Dunn & Crutcher, mencionó en su intervención el caso de cuatro inversores no amparados por el paraguas europeo que también están enfrentando impagos por parte de España: las compañías japonesas Eurus, JGC Holdings, Itochu y Mitsui.

Historia detrás del conflicto

Diversos organismos, como el citado Ciadi y la Sala de Arbitraje de la Corte de la Haya han tramitado en los últimos años más de 50 casos relacionados con la retirada retroactiva de las primas ofrecidas por España a los inversores en energía renovable.

El origen de los laudos renovables en España se remonta a mediados de la década de los 2000, cuando el Gobierno español introdujo incentivos para atraer inversores, lo que condujo a una expansión significativa de la industria solar.

Mariano Rajoy, en un consejo de ministros durante su mandato. Eduardo Parra Europa Press

Más de 66.000 familias y empresas solares comprometieron 65.000 millones de euros en incentivos para asegurar que España alcanzara el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010, superando a cualquier otro país europeo.

No obstante, la crisis económica a finales de la década de 2000 llevó a España a reconsiderar sus políticas de energía renovable. Como parte de sus medidas de austeridad y durante el primera mandato de Mariano Rajoy, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a los inversores en energía solar.

Específicamente, redujeron las tarifas de alimentación, introdujeron nuevos impuestos y establecieron límites a la producción de energía renovable. Estos cambios fueron retroactivos, de modo que las empresas afectadas demandan que el Estado violó los compromisos de España bajo varios tratados internacionales de inversión.