El equipo de cuatro investigadores de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo, que atañe directamente a estudios sobre tendencias en el área de sanidad, ha realizado el estudio más profuso y completo sobre la investigación científica existente en cuanto a colaboración público-privada en los sistemas sanitarios europeos. En total, han analizado 500 artículos científicos publicados en toda Europa para encontrar indicadores de la eficiencia o de su ausencia en la gestión privada de centros sanitarios públicos, desde Reino Unido a Italia y, por supuesto, España.

La conclusión de tan vasto estudio es contundente: no hay evidencias en la literatura científica europea de que la colaboración público-privada incremente la mortalidad evitable en cualquier sistema sanitario y en cualquier momento que se analice. Y este no es un tema menor.

No hay evidencias en la literatura científica europea de que la colaboración público-privada incremente la mortalidad evitable.

Se preguntarán: ¿Esta investigación a qué responde? Cobra especial sentido en relación con las afirmaciones de la ministra Mónica García, que viene señalando desde meses atrás la existencia de artículos en reconocidas publicaciones científicas que relacionaban la colaboración público-privada sanitaria con el supuesto aumento de la mortalidad evitable. Sus palabras, extremadamente duras contra un sector empresarial responsable, esforzado y colaborativo, son ahora, por tanto, refutadas por el mundo académico.

Desde el sector de la sanidad privada también rechazamos afirmaciones de tan grueso calibre, provenientes siempre de una extemporánea tradición ideológica que ven en nuestro sector un enemigo espurio e ilegítimo en el sistema sanitario. Algo que, por cierto, no se compadece con los mejores sistemas sanitarios del mundo, como tampoco pasa con el nuestro, al menos hasta hoy. Decimos orgullosos que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. En ese caso, habrá que tener en cuenta que en él colabora la sanidad privada.

Porque esa posición política no se soporta de argumentos en términos de eficacia asistencial. Los indicadores que la Complutense extrae del análisis de datos oficiales de tres comunidades autónomas – Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana- evidencian que la participación de la privada en aquellos centros sanitarios públicos que gestiona son mejores que los propios de los hospitales públicos y que, por tanto, son un factor de mejora de su ratio promedio. Elevan la calidad, no la hacen retroceder.

El objetivo político de que quienes propugnan esta nueva ley es palmario: eliminar el modelo colaborativo que la privada brinda en auxilio de la sanidad pública, tal como permite la Ley General de Sanidad vigente desde 1986. Y avalar así la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo trámite parlamentario ha sido iniciado para acabar con los conciertos sanitarios, los modelos concesionales y cualquier otra fórmula de colaboración público-privada.

Que nadie caiga en la ingenuidad. Una ley de estas características tendría graves consecuencias en salud ciudadana al aumentar con toda certeza y de forma estrepitosa las ya abultadísimas listas de espera, ya en cifras no vistas hasta la fecha en España.

Para mí esta ley debería rebautizarse como la del “No es no al Paciente”, la de vuelva Ud., no ya mañana, sino el año que viene a ver si le podemos atender, diagnosticar, intervenir y curar. Generaría diagnósticos tardíos, empeoramiento del cuadro clínico del paciente y una menor probabilidad de solventar los problemas de salud. Es decir, que contra lo argumentado por la Ministra de Sumar, esta ley podría generar mayor mortalidad evitable.

Esta ley debería rebautizarse como la del “No es no al Paciente”, la de vuelva Ud., no ya mañana, sino el año que viene.

Volviendo al informe de la Complutense, y a los indicadores de aquellas regiones que publican datos por cada hospital, cuatro de los cinco hospitales públicos en Madrid que son gestionados por empresas sanitarias (Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Villalba y Fundación Jimenez Díaz) tienen las mejores ratios de mortalidad agregada de la región y por debajo de lo esperado. Y el quinto, Torrejón, se encuentra en lo esperable.

En Valencia, con datos de la Generalitat Valenciana, los departamentos de Manises y Torrevieja, gestionados por la privada, son dos de los más eficientes de la región, con índices de consecución de objetivos superiores al conjunto de los hospitales de la región.

La publicación científica mencionada por la Ministra en el Senado, The Lancet, publicó hace años un informe de Oxford sobre el sistema sanitario británico que expresaba que la subcontratación a proveedores privados podría empeorar los resultados de la asistencia sanitaria en su sistema. Los investigadores españoles señalan ahora que “no se puede concluir una relación directa entre el incremento de la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la mortalidad evitable, porque los datos utilizados incluyen gran número de proveedores no relacionados con la actividad asistencial subcontratada”. Pero es que, además, los propios autores del estudio británico indican la ausencia de datos y la escasa información disponible para obtener resultados concluyentes.

Los propios autores de los 500 artículos científicos analizados señalan las limitaciones existentes en los datos analizados y que eso no permite generalizar las conclusiones obtenidas ni extrapolarse a otros territorios o momentos.

¿Por qué entonces la ministra defiende que esta ley surge con la mejor evidencia científica que avala que la “privatización, mata”? Ni es privatización ni mata, sino que salva vidas y lo hace con gran eficacia. Busquemos en otro sitio los problemas del sistema público, y no utilicemos a quien colabora con él como chivo expiatorio para una ley ideológica.

***Carlos Rus es Presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.